Internacional, 9 de julio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, mintió respecto al traslado de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, desde territorio mexicano hacia Estados Unidos.
Sheinbaum respaldó la postura de la Fiscalía General de la República (FGR), que señaló contradicciones en la versión de Salazar. Mientras el exembajador negó la participación del gobierno estadounidense en la sustracción de Zambada, el FBI ha reconocido esa acción, lo que genera cuestionamientos sobre una posible violación a la soberanía nacional.
“El fin no justifica los medios”, declaró Sheinbaum, al enfatizar que aunque la detención del capo es positiva, la forma en que se concretó podría implicar una transgresión a la soberanía mexicana. La presidenta insistió en que el FBI y el gobierno estadounidense deben aclarar cómo se realizó la detención y traslado.
De acuerdo con la FGR, la extradición del piloto del avión involucrado en el traslado fue una decisión tomada durante la gestión del exprocurador Alejandro Gertz Manero. Sin embargo, fue hasta después de esta extradición que se confirmó la participación del piloto en el traslado de Zambada.
El canciller Roberto Velasco explicó que la información sobre el traslado se obtuvo tras la extradición del piloto. Además, el FBI ha presumido que el avión utilizado para llevar a ‘El Mayo’ a Estados Unidos está exhibido en un museo en Texas, lo que refuerza la versión de una operación realizada en territorio mexicano.
Implicaciones para la soberanía y relaciones bilaterales
El caso ha generado un debate sobre la violación de la soberanía nacional y las implicaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum enfatizó que es necesario que ambas naciones ofrezcan una explicación clara sobre los hechos para evitar tensiones y aclarar responsabilidades.
Reacciones y próximos pasos
La FGR mantiene abierta la investigación y ha solicitado información detallada al FBI y al gobierno estadounidense. Por su parte, la administración federal mexicana sigue insistiendo en la necesidad de respetar los procesos legales y la soberanía en casos de colaboración internacional contra el crimen organizado.
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