Ciudad de México, 20 de agosto de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la exmagistrada Mónica Soto podría incorporarse al gobierno federal, aunque aclaró que actualmente no existe un cargo previsto para ella. La declaración se dio durante su conferencia matutina tras la renuncia de Soto a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Sheinbaum evitó comentar las razones detrás de la renuncia de Soto, señalando que fue una decisión personal y dentro de sus atribuciones. Destacó que Soto es una mujer con experiencia y profesionalismo, y reconoció su desempeño tanto como magistrada como en el periodo que encabezó el Tribunal Electoral.
La presidenta respondió que la posibilidad de que Soto se integre al gobierno federal “podría ser”, pero enfatizó que no está contemplado en este momento. Además, rechazó que la salida de Soto y otra vacante en el Tribunal Electoral representen un problema constitucional de cara a las elecciones intermedias de 2027.
Sheinbaum explicó que, en caso de elecciones presidenciales, se buscaría una solución para cubrir las vacantes, como ocurrió en el proceso electoral de 2024, cuando una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial.
Mónica Soto y las vacantes en el Tribunal Electoral
La mandataria recordó que la reforma al Poder Judicial establece que las magistraturas del Tribunal Electoral deben ser electas por voto popular. Algunos magistrados actuales ya fueron elegidos de esta forma, pero para cubrir las posiciones vacantes será necesario esperar al proceso electoral de 2028.
Sheinbaum señaló que desconoce cuántos magistrados podrían dejar el Tribunal antes de esa fecha, pero insistió en que las vacantes no impedirán el funcionamiento del órgano electoral en las próximas elecciones.
Implicaciones para las elecciones de 2027 y 2028
La presidenta enfatizó que el Tribunal Electoral continuará operando conforme a la Constitución y que las vacantes se resolverán en el marco del proceso electoral de 2028. Esto garantiza la estabilidad institucional para las elecciones intermedias de 2027 y la transición hacia la elección popular de magistrados.
De esta forma, el Tribunal Electoral mantiene su capacidad para calificar procesos electorales, mientras se avanza en la implementación de la reforma judicial que modifica la forma de designación de sus integrantes.
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