Internacional, 4 de julio de 2026.- El Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciará una evaluación sobre los avances derivados de la reforma laboral aprobada en 2024, con el fin de fortalecer la justicia laboral en México. Esta revisión se realiza en el marco del Foro Nacional de Intercambio de Experiencias en el Sistema de Justicia Laboral 2026.
Diálogo y cooperación como base para la justicia
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, destacó que la justicia debe abrirse a la sociedad mediante un diálogo constante y cooperación entre autoridades y ciudadanos. Según Aguilar Ortiz, esta interacción es indispensable para mejorar la atención a las demandas sociales en materia laboral.
El foro reúne a integrantes del Órgano de Administración Judicial (OAJ), representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y autoridades administrativas en conciliación, arbitraje y registro laboral. El objetivo es identificar áreas críticas de mejora y fortalecer la coordinación entre los operadores del sistema judicial federal.
“Este país se ha construido con islas, cada quien en su ámbito, y cuando se requieren reformas constitucionales o legales, no se encuentran canales adecuados para realizarlas. Actualmente, con el Parlamento Abierto, la justicia también debe evolucionar hacia la participación ciudadana”, señaló Aguilar Ortiz durante la inauguración.
Análisis de casos y retos del sistema laboral
Durante el evento se desarrollarán cinco mesas de trabajo para analizar casos prácticos, criterios nacionales e internacionales, así como los principales desafíos que enfrenta la justicia laboral federal. Con ello, el Poder Judicial busca consolidarse como un referente en la materia, garantizando la excelencia técnica de sus juzgadores.
La reforma laboral de 2024 introdujo cambios significativos en los procesos judiciales laborales, por lo que esta evaluación permitirá medir el impacto real y las áreas que requieren ajustes para mejorar la impartición de justicia.
Este ejercicio refleja la intención de mantener un sistema judicial más abierto y receptivo a las necesidades sociales, con mecanismos que favorezcan la conciliación y el arbitraje en conflictos laborales.
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