Ciudad de México, 4 de junio de 2026.- La nulidad de elecciones por posible injerencia extranjera podría aplicarse en los comicios federales de 2027, de acuerdo con la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde. Esta posibilidad surge tras la reciente reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación.
En conferencia de prensa, Alcalde explicó que aunque el artículo 40 de la Constitución ya contempla el rechazo a la injerencia extranjera en procesos electorales, aún es necesario esperar la publicación de las leyes secundarias que reglamentarán esta disposición.
“Hoy está establecido esto ya en nuestra norma constitucional. También establece que hay posibilidades de nulidad en caso de que se acredite esta injerencia, que tuvo efectos”, señaló la consejera jurídica. Sobre la aplicación en 2027, agregó que aunque las normas secundarias no están listas, la interpretación constitucional podría permitir que se considere para esa elección.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el gobierno utilice la figura de la injerencia extranjera como pretexto para anular elecciones. Indicó que el Tribunal Electoral será la autoridad encargada de interpretar y decidir sobre cualquier situación relacionada con esta materia.
“Si es evidente que hay una intromisión del exterior, entonces puede ser causa de nulidad”, afirmó Sheinbaum, y rechazó las acusaciones de que esta medida se emplearía con fines autoritarios para invalidar resultados electorales.
Nulidad electoral y marco legal
La reforma constitucional que incluye la nulidad por injerencia extranjera representa un avance en el marco legal electoral mexicano. Sin embargo, su aplicación práctica dependerá de la definición y alcance que las leyes secundarias otorguen a esta figura.
Rol del Tribunal Electoral
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá la responsabilidad de evaluar y determinar si existe una injerencia que justifique la nulidad de una elección. Este órgano será clave para garantizar la legalidad y transparencia en los procesos electorales futuros.
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