Ciudad de México, 25 de agosto de 2026.- Gas Bienestar, el programa creado en 2021 para ofrecer gas LP a precios bajos, opera actualmente solo en nueve alcaldías de la Ciudad de México. El proyecto, impulsado por el gobierno federal y bajo control indirecto de Pemex, no logró expandirse a nivel nacional y presenta pérdidas financieras significativas.
La iniciativa fue anunciada como una estrategia para romper monopolios y llevar gas barato a todo el país, con un plan para cubrir las 32 entidades federativas. Sin embargo, hasta ahora solo funciona en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.
El programa enfrenta dificultades financieras. Pemex invirtió 4 mil millones de pesos para iniciar operaciones, incluyendo la compra de vehículos y equipamiento para distribución. Además, se recogieron más de 800 mil tanques viejos para su reemplazo, cuyo costo total absorbió el erario público.
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Operación limitada y pérdidas económicas
Los gastos operativos superan los 2 mil 500 millones de pesos, financiados con subsidios cruzados de Pemex Logística. Por su parte, los ingresos han disminuido: en los primeros cinco meses de 2024, Gas Bienestar reportó ventas por 174.4 millones de pesos, cifra inferior a la de años anteriores. Las utilidades netas son nulas.
Desde 2025, Pemex clasificó como confidenciales los datos financieros de Gas Bienestar, argumentando riesgos para su competitividad frente a empresas privadas. El precio del cilindro de 20 kilogramos es entre 335 y 390 pesos, un ahorro marginal del 10% al 12% respecto a gaseras privadas.
Retos y perspectivas del programa Gas Bienestar
Expertos señalan que la falta de un estudio de mercado y la distancia entre centros de distribución y zonas de reparto han afectado la viabilidad del proyecto. La fijación de precios máximos por la Comisión Reguladora de Energía ha tenido mayor impacto en la reducción de precios que la presencia de Gas Bienestar.
Además, se advierte que controles de precios pueden incentivar el mercado ilegal y el robo de combustible. Como alternativa, se propone diversificar fuentes de energía residencial, como gas natural y energía solar, aunque el gobierno federal no ha impulsado cambios profundos en este sentido.
El programa permanece congelado en la capital y sin planes claros de expansión, mientras el costo para el erario público continúa acumulándose.
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