Quintana Roo, 18 de agosto de 2026.- Los expedientes contra Lili Campos Miranda, ex presidenta municipal de Playa del Carmen, serán turnados al Tribunal de Justicia Administrativa para determinar responsabilidades. Así lo informó Cristina Alcérreca, titular del Órgano Interno de Control del ayuntamiento, tras el rechazo del recurso de amparo que Campos interpuso para evitar comparecer ante esta instancia.
El amparo fue desechado por un juez federal, quien consideró que no procede para frenar procesos de fiscalización obligatorios para ex funcionarios públicos. Este rechazo permite que los primeros de 12 expedientes en contra de Campos y otros ex funcionarios avancen hacia el tribunal correspondiente.
Los expedientes involucran a varios ex servidores públicos. El primero señala a seis ex funcionarios, mientras que el segundo expediente incluye a otros seis. En el proceso, se garantiza el derecho de audiencia para que los implicados aclaren las observaciones en su contra.
Sin embargo, Lili Campos, Pedro Escobedo, ex tesorero, y José Luis Argüelles González, ex director de Espectáculos, no asistieron a las citaciones. La única que compareció fue Kira Iris San, ex secretaria general y ex tesorera municipal.
Expedientes contra Lili Campos y proceso administrativo
La titular del Órgano Interno de Control explicó que no será el Ayuntamiento de Playa del Carmen quien determine las responsabilidades. En cambio, el Tribunal de Justicia Administrativa será el encargado de fincar posibles sanciones económicas o inhabilitaciones a los ex funcionarios implicados.
En entrevistas previas, Alcérreca aclaró que los amparos no proceden en la instancia de contraloría porque aún no existe una acción o afectación concreta contra los ex servidores públicos. Por ello, el rechazo del recurso de amparo confirma que el proceso de fiscalización debe continuar sin interrupciones.
Impacto y siguientes pasos en Playa del Carmen
El avance de estos expedientes representa un paso importante en la fiscalización de la administración pública local. La resolución del Tribunal de Justicia Administrativa definirá las sanciones correspondientes y establecerá precedentes para futuros procesos contra ex funcionarios.
De esta forma, se garantiza que los procesos legales sigan su curso conforme a la ley, sin que recursos judiciales puedan entorpecer la rendición de cuentas en Playa del Carmen.
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