Internacional, 25 de agosto de 2026.- El Gobierno de Estados Unidos anunció que planea revocar las visas de no inmigrante a miles de extranjeros que, tras ingresar al país con permisos de turismo o negocios, solicitaron asilo para permanecer de forma permanente.
Tommy Piggott, portavoz del Departamento de Estado, confirmó que trabajan en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar a quienes obtuvieron visas B1 y B2 con la intención de regresar a sus países, pero luego presentaron solicitudes de asilo.
“Estas visas se otorgan bajo la condición de que los titulares regresen a su país de origen. Usar una visa para solicitar asilo es considerado fraude y es motivo para revocar el permiso”, explicó Piggott en un comunicado enviado a la agencia EFE.
Este plan podría afectar a cerca de 200,000 personas que desde 2016 han solicitado o están en proceso de pedir asilo en Estados Unidos, según reportes de Associated Press. De implementarse, sería la mayor campaña de revocación de visas en la historia del país.
Impacto y contexto de la revocación de visas
La medida forma parte de una política migratoria más estricta que el Gobierno estadounidense ha impulsado desde enero de 2025, cuando Donald Trump retomó el poder. Las restricciones para solicitantes de visas se han incrementado progresivamente.
El Departamento de Estado enfatizó que un visado estadounidense es un privilegio, no un derecho, y que la revocación busca evitar abusos al sistema migratorio. La acción se enfoca en visas de turismo y negocios, que no están diseñadas para quienes buscan residir permanentemente.
Procedimientos y consecuencias para los afectados
Las autoridades federales revisarán los casos de quienes hayan solicitado asilo tras entrar con visas temporales. La revocación implica que los afectados perderán el permiso para permanecer legalmente en Estados Unidos y podrían enfrentar procesos de deportación.
Este anuncio genera incertidumbre entre los extranjeros que han utilizado visas B1 y B2 para ingresar y luego solicitar protección migratoria. El seguimiento de esta política será clave para evaluar su alcance y aplicación.
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