
Quintana Roo, 26 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán inició una investigación formal contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, para esclarecer posibles vínculos con Samuel “N”, acusado de filtrar la agenda del exedil Carlos Manzo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La indagatoria cobró relevancia tras la declaración ministerial de la exsecretaria de Carlos Manzo, quien señaló directamente a la mandataria municipal por haber recomendado laboralmente a Samuel “N” dentro de la administración pública local.
Este señalamiento implica que la Fiscalía busca determinar la naturaleza y alcance de la relación entre Quiroz y el imputado, en medio de una creciente tensión política e institucional en Uruapan. La filtración de información sensible al CJNG ha generado preocupación sobre la infiltración del crimen organizado en la administración municipal.
Contexto y antecedentes de la investigación
El caso se enmarca en un ambiente de desconfianza y conflicto político en Uruapan, donde la seguridad pública se ha visto afectada por la presencia del CJNG. La agenda filtrada del exedil Carlos Manzo habría facilitado operaciones delictivas, lo que motivó la apertura de la línea de investigación contra la alcaldesa.

La Fiscalía General del Estado ha señalado que el Ministerio Público evaluará con base en los testimonios y evidencias recabadas el grado de responsabilidad legal de Grecia Quiroz en los hechos denunciados. La recomendación laboral a Samuel “N” es un elemento clave para establecer posibles nexos con el crimen organizado.
Implicaciones y próximos pasos en la indagatoria
De confirmarse la participación de la alcaldesa en estos actos, podría enfrentar cargos relacionados con la filtración de información y vínculos con organizaciones criminales. La investigación también busca esclarecer si hubo más funcionarios involucrados en la administración pública municipal.
Por ahora, la Fiscalía mantiene abierta la línea de investigación y continúa recabando pruebas y testimonios para definir las responsabilidades. La situación genera un impacto directo en la gobernabilidad y seguridad de Uruapan, por lo que se espera que las autoridades actúen con prontitud para garantizar la justicia.
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