1 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó que obtuvo sentencias de prisión para tres hombres responsables del homicidio calificado de cuatro inspectores municipales en Playa del Carmen.
Manuel Edmundo Muñoz Vázquez fue condenado a 48 años de prisión, mientras que José Oswaldo Pech Jiménez y Néstor Enrique Aguilar Velasco recibieron penas de 27 y 25 años, respectivamente. Los hechos ocurrieron el 11 de febrero de 2023 en un bar de la colonia Ejidal.
Los inspectores de la Dirección de Fiscalización del Ayuntamiento de Playa del Carmen llegaron al establecimiento para realizar una inspección. Al llegar, los ahora sentenciados, armados, retuvieron los teléfonos de los empleados y encerraron a estos en los camerinos.
Posteriormente, sometieron y golpearon a los inspectores con maderas y tablas con picos hasta dejarlos inconscientes. Luego, los agredieron con cuchillos, privándolos de la vida. José Oswaldo Pech Jiménez y Néstor Enrique Aguilar Velasco obligaron a los empleados a limpiar la sangre derramada.
Los cuerpos fueron trasladados en la batea de una camioneta Chevrolet Silverado, propiedad del Ayuntamiento, y abandonados en la calle 18 con calle 70. Después, los responsables huyeron del lugar.
Además de las penas privativas de libertad, la autoridad judicial impuso multas económicas: 1 millón 817 mil 524.8 pesos a Manuel Edmundo Muñoz Vázquez, y 946 mil 627.5 pesos a cada uno de los otros dos sentenciados.
FGE Quintana Roo asegura justicia para víctimas
La Fiscalía Especializada en Procesos de la FGE Quintana Roo llevó a cabo el proceso judicial que concluyó con estas sentencias. La resolución busca dar respuesta a un caso de violencia extrema contra servidores públicos municipales.
Este fallo representa un avance en la persecución de delitos graves en Playa del Carmen y un mensaje claro sobre la aplicación de la ley en casos de homicidio calificado.
Impacto y seguimiento del caso en Playa del Carmen
El homicidio de los inspectores generó conmoción en la comunidad local y puso en evidencia riesgos para el personal que realiza labores de fiscalización. La FGE mantiene vigilancia para prevenir hechos similares y fortalecer la seguridad en la zona.
El seguimiento del caso incluye la supervisión del cumplimiento de las sentencias y la imposición de las multas correspondientes. Asimismo, se espera que esta resolución contribuya a la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.
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