1 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que obtuvo la vinculación a proceso para seis personas por su probable participación en delitos contra la salud en Benito Juárez. La acción fue realizada por la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo.
Entre los imputados destacan tres personas de origen cubano: Bryan “N”, María Emilia “N” y Lianet “N”. A estos se les acusa de posesión con fines de suministro de cannabis sativa L. La autoridad judicial dictó para ellos la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Además, Jorge Luis “N” fue vinculado a proceso por la probable comisión del mismo delito, también relacionado con cannabis. Para él se estableció prisión preventiva justificada por un año mientras continúa el proceso legal.
Por otra parte, la Fiscalía Especializada logró la vinculación a proceso para Ligia del Sagrario “N” y Everardo “N”. Ligia del Sagrario enfrenta cargos por suministro de cannabis sativa L. y metanfetamina, mientras que Everardo está vinculado por la posesión de esos mismos narcóticos.
Detalles del proceso judicial y medidas cautelares
La vinculación a proceso implica que el juez encontró elementos suficientes para continuar con la investigación formal contra los seis imputados. La prisión preventiva justificada se aplica para evitar riesgos de fuga o interferencia en el proceso.
Estas acciones forman parte de las investigaciones que la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo mantiene para desarticular redes de distribución de drogas en Benito Juárez. La autoridad ministerial continúa con las diligencias para fortalecer el caso.
Impacto en la seguridad de Benito Juárez
El avance en estos procesos judiciales busca reducir la incidencia de delitos relacionados con el narcomenudeo en la región. La FGE enfatiza la importancia de mantener la vigilancia y aplicar medidas legales para combatir el tráfico y suministro de narcóticos.
La vinculación a proceso de estas seis personas representa un paso relevante en la estrategia de seguridad local. Se espera que el seguimiento legal permita sancionar a quienes participan en actividades ilícitas que afectan a la comunidad.
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