Internacional, 8 de octubre de 2026.- Las autoridades de Estados Unidos acusaron formalmente al expresidente venezolano Nicolás Maduro de ordenar torturas y represión contra opositores para mantener su control político. La Fiscalía estadounidense también imputó a su esposa, Cilia Flores, por conspiración para cometer narcoterrorismo.
Maduro enfrenta cargos por violaciones a los derechos humanos durante su mandato, incluyendo la autorización de torturas como descargas eléctricas, golpizas y asfixia. Según la acusación, supervisó un sistema represivo que usó la violencia y detenciones arbitrarias para amedrentar a la oposición.
Ambos están presos en Nueva York desde enero de este año, tras una redada en Caracas realizada por fuerzas estadounidenses. Se han declarado inocentes y enfrentan posibles condenas de cadena perpetua. La denuncia señala que Maduro y Flores intentaron perpetuarse en el poder mediante persecución y violencia contra miles de venezolanos.
Los abogados de Flores solicitaron su liberación bajo arresto domiciliario alegando problemas cardíacos y daños físicos sufridos durante la captura. Sin embargo, los fiscales se opusieron, argumentando que representa un riesgo de fuga y peligro para la sociedad.
Flores tiene previsto comparecer ante un juez para solicitar su liberación. Mientras tanto, Maduro se ha declarado prisionero político y ha calificado su detención como un secuestro. El gobierno estadounidense defendió la operación como una acción legal precisa.
Acusaciones y contexto legal contra Maduro
Además de los cargos por tortura, Maduro ya enfrentaba acusaciones por conspirar para enviar cocaína a Estados Unidos. La Fiscalía sostiene que su gobierno utilizó la violencia sistemática para controlar a la población y eliminar la disidencia.
Situación actual y próximos pasos judiciales
La defensa de la pareja insiste en que gozan de inmunidad como líderes extranjeros y busca desestimar los cargos. La audiencia de Flores será clave para definir si obtiene arresto domiciliario por motivos de salud. El caso sigue bajo estricta vigilancia judicial en Nueva York.
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