Ciudad de México, 8 de octubre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la empresa Inteliproof Efficient, sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, no representa un riesgo para la seguridad de Baja California. La compañía, con sede en Tijuana, había prestado servicios a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad estatal.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el Gabinete de Seguridad no ha encontrado evidencia que indique que Inteliproof Efficient haya comprometido información sensible de las instituciones de seguridad en la entidad. La sanción fue emitida el 29 de septiembre por presuntos vínculos de la empresa con una red del Cártel de Sinaloa.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisó los contratos y operaciones de la empresa y detectó irregularidades, pero no halló pruebas que la vinculen con grupos delictivos. “Hay inconsistencias fiscales o en reportes financieros, pero no se tiene ninguna prueba de vínculos con organizaciones criminales”, señaló la presidenta.
Revisión de contratos y medidas preventivas
Inteliproof Efficient proporcionó tecnología y herramientas de seguridad e inteligencia a las autoridades de Baja California. La Fiscalía reservó información sobre estos contratos para evitar comprometer sus sistemas y capacidades, así como para impedir que grupos delictivos conozcan detalles de los equipos utilizados.
Sheinbaum agregó que la inclusión de la empresa en la lista de personas bloqueadas por la UIF es una medida preventiva. Las personas o empresas afectadas pueden presentar pruebas para solicitar el desbloqueo de sus cuentas.
Distintas posturas entre México y Estados Unidos
Mientras que el Departamento del Tesoro estadounidense estableció un vínculo público entre Inteliproof Efficient y una red relacionada con el Cártel de Sinaloa, el gobierno mexicano sostiene que no cuenta con evidencia suficiente para confirmar esa relación. La UIF continúa con la revisión de información para esclarecer cualquier posible riesgo.
De esta forma, las autoridades mexicanas mantienen vigilancia sobre las empresas sancionadas, pero descartan que la situación actual comprometa la seguridad en Baja California.
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