Ciudad de México, 8 de octubre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno solicitó la reactivación de la ficha roja de Interpol para la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga. La mandataria federal explicó que se espera la información oficial sobre el retiro de esta medida internacional.
Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum detalló que pidió al gabinete y a la Secretaría de Hacienda un informe sobre las irregularidades que motivaron la orden de aprehensión contra ambos. Estas irregularidades están vinculadas con operaciones de facturación falsa que habrían cometido.
La presidenta calificó a Gómez Mont y Álvarez Puga como “factureros reconocidos” y “delincuentes”, señalando que existen pruebas contundentes de que emitían facturas falsas para evadir impuestos. Por ello, su gobierno busca que la ficha roja sea restablecida para evitar que huyan a otro país.
El pasado 30 de septiembre, Sheinbaum había informado que Interpol retiró la ficha roja contra la pareja, lo que generó preocupación en el gobierno federal. Desde entonces, se ha solicitado aclarar las razones de esta decisión y se mantiene la intención de recuperar la orden internacional de búsqueda.
La ficha roja de Interpol es un mecanismo que permite la localización y posible detención de personas con órdenes de aprehensión vigentes. Su retiro temporal ha generado cuestionamientos sobre la coordinación entre autoridades mexicanas y organismos internacionales.
El seguimiento del caso dependerá de la respuesta oficial de Interpol y de las acciones que tome la Secretaría de Hacienda y el gabinete de seguridad para garantizar que se cumpla la justicia en este asunto.
Solicitud de reactivación de ficha roja
La presidenta Sheinbaum enfatizó que la solicitud para reactivar la ficha roja se basa en la gravedad de las acusaciones contra Gómez Mont y Álvarez Puga. La medida busca impedir que evadan la acción legal en México.
Implicaciones legales y fiscales
Las autoridades mexicanas investigan a la pareja por presuntas operaciones con facturas falsas, un delito fiscal que afecta la recaudación y la legalidad empresarial. La Secretaría de Hacienda participa en la revisión de las irregularidades detectadas.
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