Ciudad de México, 11 de septiembre de 2026.- La Operación Enjambre, coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ha logrado la detención de 111 personas vinculadas con el crimen organizado, entre ellas 14 alcaldes y expresidentes municipales, hasta el 8 de septiembre de 2026.
Este operativo federal se ha enfocado en desarticular redes criminales infiltradas en gobiernos municipales de diversas fuerzas políticas. Los detenidos pertenecen a partidos como PRI, PAN, PRD, Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, además de un partido local.
Entre los casos destacados están María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco, Estado de México, vinculada con La Familia Michoacana; Isaac Rodríguez Ochoa, alcalde de Esperanza, Puebla, señalado por proteger a grupos criminales dedicados al robo de autotransporte y secuestro; y Jesús Corona Damián, edil de Cuautla, presuntamente ligado al Cártel de Sinaloa.
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Impacto regional y perfil de los detenidos
El operativo se ha concentrado en tres regiones principales: Estado de México, Puebla y Morelos, donde se acumulan la mayoría de las detenciones. En el Estado de México se registran más de 50% de los arrestos, con 60 capturas, especialmente para combatir el control que La Familia Michoacana ejercía sobre policías municipales.
Además de alcaldes, el 91% de los detenidos son mandos de seguridad pública, directores técnicos y policías municipales que facilitaban actividades delictivas. En Jalisco, por ejemplo, se arrestó a directores de Catastro y Obras Públicas de Tequila por facilitar información para extorsiones.
Resultados y próximos pasos en Operación Enjambre
Hasta ahora, la Operación Enjambre ha logrado 20 sentencias condenatorias firmes que confirman la vinculación de los acusados con el crimen organizado. La SSPC reporta también más de 67 mil detenciones por delitos de alto impacto desde el inicio del sexenio.
Las autoridades mantienen la política de cero impunidad y continúan con acciones de inteligencia e investigación para desarticular redes criminales en gobiernos municipales. El seguimiento incluye operativos simultáneos en estados como Chihuahua, Tlaxcala y Tamaulipas para combatir desvíos de recursos y colusión institucional.
Este esfuerzo busca erradicar la corrupción y la infiltración del crimen organizado en la administración pública local, fortaleciendo la seguridad y la justicia en el país.
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