Internacional, 10 de noviembre de 2026.- La defensa de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, solicitó formalmente desestimar el cargo de conspiración para cometer torturas que enfrenta en Estados Unidos. El argumento central es que la Fiscalía cometió fallos procesales y que tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, gozan de inmunidad soberana.
Los abogados presentaron un escrito ante la jueza Analisa Torres, quien asumió el caso tras la muerte del juez Alvin Hellerstein. En el documento, la defensa sostiene que el cargo de tortura debe tramitarse en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, donde ambos están detenidos desde enero, y no en el Tribunal del Distrito Sur, en Manhattan, donde han comparecido hasta ahora.
La Fiscalía estadounidense presentó hace un mes una acusación formal sustitutiva que endurece los cargos contra Maduro y Flores. Además de conspiración para cometer torturas, se amplió la imputación contra la ex primera dama por conspiración para narcoterrorismo. La Fiscalía fundamenta estas acusaciones en nueve casos de presuntas víctimas de represión y torturas durante el gobierno de Maduro.
La defensa denunció que la Fiscalía realizó nuevos arrestos formales en Manhattan para justificar la competencia del Tribunal del Distrito Sur sobre el cargo de tortura. Sin embargo, argumentan que estos arrestos no pueden modificar la jurisdicción, que corresponde a Brooklyn.
Cuestionamientos sobre la competencia judicial
El escrito no rechaza las acusaciones en sí, sino que cuestiona la competencia del tribunal para procesar el cargo de tortura. Además, la defensa insiste en que primero se resuelva la moción sobre la inmunidad soberana de Maduro y Flores antes de avanzar en el proceso.
Maduro y Flores están citados a una audiencia el próximo 17 de diciembre, la primera que presidirá la jueza Torres, donde se espera que se aborde este tema. La resolución de esta audiencia definirá el curso del caso y la posible continuación o desestimación del cargo de tortura.
Implicaciones y próximos pasos
Este caso representa un desafío legal para la justicia estadounidense en cuanto a la aplicación de la inmunidad soberana y la competencia judicial en casos de altos funcionarios extranjeros. La decisión que tome la jueza Torres podría sentar un precedente en la forma en que se procesan cargos similares contra líderes políticos en el extranjero.
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