Ciudad de México, 16 de agosto de 2026.- El corredor del despojo concentra la mitad de las denuncias por despojo de inmuebles en México, afectando principalmente a seis estados: Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla, Veracruz y Jalisco. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hasta junio de 2026 se registraron 15 mil 311 víctimas a nivel nacional, de las cuales 7 mil 717 corresponden a estas entidades.
El Estado de México es el epicentro con 2 mil 449 casos, seguido por la Ciudad de México con 2 mil 39. En esta región operan al menos 10 grupos criminales que utilizan violencia y documentos apócrifos para apoderarse de viviendas. Entre ellos destacan la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), Gopez y el Sindicato 22 de Octubre, quienes actúan bajo la fachada de organizaciones sociales.
Estos grupos cuentan con presunta protección de policías y servidores públicos, lo que facilita la ocupación ilegal de inmuebles. Por ejemplo, Gopez operaba en Ecatepec con apoyo de policías municipales entre 2018 y 2024 para desalojar y ocupar viviendas. Otros grupos como Los 300 y Los Amos también están involucrados en estas actividades delictivas.
Impacto y modus operandi del corredor del despojo
El despojo se ha sofisticado con la falsificación de actas de defunción y órdenes de desalojo falsas para expulsar a personas vulnerables, principalmente adultos mayores. Además, la plusvalía de las propiedades en estas zonas aumenta el interés de los grupos criminales. Por ejemplo, en la Ciudad de México el valor promedio de una vivienda es de 4.39 millones de pesos, mientras que en el Estado de México es de 2.23 millones.
La Fiscalía del Estado de México reporta que casi 40% de las denuncias se desechan por ser consideradas conflictos civiles, lo que contribuye a una impunidad del 96.36% a nivel nacional. Entre julio de 2025 y julio de 2026, el Operativo Restitución logró asegurar 2 mil 307 inmuebles y devolver 1 mil 452 propiedades a sus legítimos dueños, tras el caso mediático de una mujer que defendió su propiedad con violencia extrema.
Desafíos en la recuperación y justicia para víctimas
Las víctimas enfrentan procesos largos y costosos para recuperar sus propiedades. La desconfianza en las autoridades y la percepción de pérdida de tiempo desalientan las denuncias. Además, la colaboración de funcionarios públicos con bandas criminales dificulta la investigación y desarticulación de estas redes.
Casos como el de Verónica de la Rosa, quien perdió la vivienda de su madre en Valle de Chalco, ejemplifican la complejidad del problema. A pesar de las denuncias, la falta de documentación y la actuación limitada de las autoridades mantienen a las víctimas en un limbo legal.
También puedes leer: Más noticias de Nacionales en OLA Noticias.
