Internacional, 21 de septiembre de 2026.- El gobierno de Colombia, encabezado por Abelardo de la Espriella, negó haber acordado con Venezuela un plan para deportar migrantes y pagar miles de dólares a quienes opten por autodeportarse desde territorio colombiano. Esta aclaración surge tras la circulación de contenidos virales que difundían esta información falsa.
Colombia es uno de los principales destinos para migrantes venezolanos, con más de 2.8 millones de personas viviendo en el país. Se estima que alrededor de 500 mil de ellos se encuentran en situación irregular. En agosto, el gobierno colombiano anunció el inicio de operativos para deportar a migrantes en esta condición, lo que generó preocupación y controversia.
Sin embargo, ni Colombia ni Venezuela han establecido un acuerdo para ofrecer pagos a migrantes que decidan regresar voluntariamente a su país. Esta desinformación ha causado confusión entre la población migrante y en la opinión pública regional.
Contexto de la política migratoria en Colombia
La política migratoria de Colombia bajo la administración de De la Espriella se ha enfocado en controlar el flujo irregular de migrantes venezolanos. Los operativos buscan identificar y deportar a quienes no cuentan con la documentación adecuada para residir en el país. No obstante, las autoridades han aclarado que no existe un programa de incentivos económicos para la autodeportación.
Esta situación refleja la complejidad del fenómeno migratorio en la región, donde millones de venezolanos han salido de su país debido a la crisis política y económica. Colombia, como principal receptor, enfrenta retos en materia de integración, seguridad y derechos humanos.
Impacto y seguimiento de la desinformación
La difusión de noticias falsas sobre supuestos acuerdos entre Colombia y Venezuela puede afectar la percepción y decisiones de los migrantes. Además, complica la gestión de políticas públicas y la cooperación bilateral en temas migratorios. Por ello, es fundamental que las autoridades mantengan una comunicación clara y transparente para evitar malentendidos.
De esta forma, la aclaración oficial contribuye a desmentir rumores y a orientar a la población migrante sobre sus derechos y las acciones reales que se están implementando.
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