Ciudad de México, 23 de julio de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal vinculó a proceso penal a ocho personas, entre ellas el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustibles.
El juez determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso por delitos relacionados con delincuencia organizada, contrabando y violaciones a la Ley en materia de hidrocarburos. La FGR señaló que Ernesto “N”, junto con Ricardo “N” y José “N”, enfrentarán cargos por los tres delitos mencionados.
Juan “N” y Luis “N” fueron vinculados por delincuencia organizada y contrabando, mientras que José María “N”, Guillermo “N” y Adriana “N” enfrentarán proceso por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos. La audiencia inicial continuó tras una solicitud de duplicidad del término constitucional por parte de las defensas para definir la situación jurídica de los imputados.
La investigación de la FGR se enfoca en una presunta red que realizaba operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de derivados del petróleo. Según la Fiscalía, esta red introducía combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras, ya sea reportando volúmenes menores o declarando mercancías distintas para evadir impuestos.
Estas prácticas generan pérdidas económicas significativas para el Estado mexicano y pueden financiar actividades de organizaciones delictivas, advirtió la dependencia. La vinculación a proceso marca un avance en la investigación que busca desmantelar estas redes ilegales que afectan la economía y seguridad nacional.
Detalles del proceso judicial
Durante la audiencia, el juez valoró las pruebas presentadas por la Fiscalía y consideró que hay indicios suficientes para continuar con el proceso penal. De acuerdo con la legislación mexicana, los imputados se presumen inocentes hasta que exista una sentencia firme.
Impacto y seguimiento del caso
Este caso se suma a los esfuerzos para combatir el huachicol fiscal, una problemática que afecta la recaudación fiscal y la seguridad energética del país. La FGR continuará con las investigaciones para esclarecer la participación de cada imputado y buscar sanciones conforme a la ley.
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