Ciudad de México, 28 de agosto de 2026.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el caso de desvío de recursos públicos ligado a Genaro García Luna y la familia Weinberg inició en 2008 y se prolongó hasta 2018. El 25 de agosto, el Estado Mexicano recuperó 5 mil 805 millones de dólares tras la liquidación de una póliza de fianza y 12 propiedades en Estados Unidos vinculadas a la familia Weinberg.
Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, explicó que estos recursos ingresaron a la Tesorería de la Federación gracias a la gestión de la unidad. Sin embargo, aún quedan activos pendientes de liquidación a favor del Estado. La investigación identificó un esquema de desvío y operaciones con recursos ilícitos por más de 403 millones de dólares, derivados de contratos entre el órgano de prevención y readaptación social y empresas vinculadas.
El esquema involucraba simulación de servicios, participación coordinada de servidores públicos y particulares, y el uso de empresas fachada como Numbap. En diciembre de 2019, la UIF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y una demanda civil en Florida, Estados Unidos.
Detalles del esquema de desvío
En Palacio Nacional, Reyes Colmenares detalló que la familia Weinberg tuvo un papel clave en la estructura financiera de García Luna. La red de empresas fachada recibió 30 contratos gubernamentales con sobreprecios, que permitieron disimular sobornos como pagos comerciales y maximizar recursos públicos desviados.
Los recursos desviados, estimados en 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares, fueron triangulados a través de jurisdicciones como Barbados y Miami. Entre 2015 y 2017, García Luna financió este conglomerado con más de 305 millones de pesos y 27.8 millones de dólares, según el análisis financiero.
Recuperación y acciones legales
La UIF informó que en 2026 se obtuvo una sentencia definitiva en Florida por aproximadamente 578.5 millones de dólares contra la familia Weinberg. La demanda civil reconoció la legitimidad del Estado Mexicano para litigar y el 19 de mayo se dictó sentencia condenatoria por su participación en el esquema ilícito.
Estas acciones legales y de inteligencia financiera han permitido recuperar activos a favor del Estado. La coordinación entre la UIF, la Fiscalía, el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y autoridades internacionales ha sido fundamental para seguir la ruta del dinero y desarticular la red de corrupción.
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