Ciudad de México, 29 de agosto de 2026.- El Primer Tribunal Colegiado de Apelación negó un amparo al capitán de infantería José Martínez Crespo, quien se encuentra preso desde noviembre de 2020 en el Campo Militar 1-A. Martínez Crespo es acusado por su presunta participación en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, caso que cumplirá doce años en septiembre próximo.
El capitán Martínez Crespo fue el primer militar detenido en este proceso. La jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México trasladó en julio de 2024 la causa penal al ámbito federal bajo la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que contempla penas de 40 a 70 años de prisión.
Esta decisión implicó que Martínez Crespo enfrentara una acusación con un marco legal más severo. Por ello, el militar solicitó un amparo argumentando que la aplicación de esta ley violaba el principio de no retroactividad, ya que los hechos ocurrieron en 2014, antes de la entrada en vigor de la norma federal.
Delito de desaparición forzada y su naturaleza continua
El tribunal resolvió que la desaparición forzada es un delito de carácter permanente, que se consuma mientras se desconozca el paradero de las víctimas. En este caso, la desaparición de los estudiantes ocurrió el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y hasta la fecha no se tiene información sobre su destino.
Por ello, el tribunal consideró válida la aplicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, ya que el delito continuó consumándose hasta después de la entrada en vigor de la nueva legislación en 2018. Además, se indicó que esta traslación normativa no agrava la situación jurídica del acusado, sino que incluso le beneficia al eliminar dos agravantes contempladas en la ley estatal.
Implicaciones legales y próximas etapas del caso
La resolución del tribunal reafirma la continuidad del proceso penal contra Martínez Crespo bajo el marco federal. La decisión busca asegurar la correcta aplicación de la ley penal sin vulnerar el principio de legalidad. El capitán enfrenta una posible condena de hasta 70 años de prisión por desaparición forzada.
Este caso sigue siendo emblemático en la justicia mexicana y representa un desafío para la investigación y sanción de violaciones graves a los derechos humanos. La sentencia también marca un precedente sobre la aplicación de leyes penales en delitos de naturaleza permanente.
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