Washington, 28 de septiembre de 2026.- La administración del presidente Donald Trump ha difundido un anuncio televisivo de su campaña presidencial de 2024 financiado con fondos públicos, lo que ha generado una fuerte polémica y críticas de legisladores de ambos partidos en Estados Unidos.
Detalles del anuncio y reacciones
El video de 30 segundos, que ya superó un gasto aproximado de 319 mil dólares según AdImpact, muestra a Trump caminando por un pasillo mientras su voz advierte sobre una “batalla final” contra “globalistas” y “belicistas”. El spot termina con un mensaje que indica “Pagado por el gobierno de Estados Unidos”. La Casa Blanca sostiene que se trata de un “anuncio de servicio público” y no de propaganda electoral, aunque el contenido es claramente político.
En la narración, Trump afirma: “Con ustedes a mi lado, demoleremos el ‘Estado profundo’. Expulsaremos a los belicistas de nuestro gobierno. Echaremos a los globalistas; expulsaremos a los comunistas, marxistas y fascistas”. Además, promete derrotar a los “medios de noticias falsas” y liberar a Estados Unidos de estos “villanos”.
Críticas y defensa oficial
Legisladores demócratas y republicanos han denunciado el uso de fondos públicos para un anuncio que promueve a un candidato, calificándolo de ilegal y un abuso de recursos. En una carta dirigida a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, miembros del Comité de Asignaciones del Congreso advirtieron que el video viola la Ley Consolidada de Asignaciones de 2026 y otras normativas éticas.
Por su parte, la Casa Blanca defendió la difusión de estos anuncios, argumentando que no contienen llamados a la acción ni aparecen en la boleta electoral, y que su objetivo es recordar a los estadounidenses la importancia de defender al país. Citó ejemplos de campañas anteriores, como las de George W. Bush sobre Medicare y las de Joe Biden sobre vacunación contra el Covid-19.
La controversia se suma a otros anuncios recientes que incluyen imágenes del Monte Rushmore y mensajes sobre recortes de impuestos y defensa de la ley y el orden, todos financiados con recursos públicos. La organización Public Citizen presentó una denuncia formal ante organismos de ética gubernamental para investigar el caso.
Este episodio refleja la creciente tensión en torno al uso de recursos federales para fines políticos y plantea interrogantes sobre los límites legales y éticos en la comunicación oficial durante periodos electorales en Estados Unidos.
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