La defensa del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, anunció que impugnará la resolución judicial que lo vinculó a proceso, al considerar que las pruebas presentadas no son suficientes para sostener las acusaciones en su contra.
José Ramón Flores, uno de los abogados del exfuncionario, expresó su inconformidad con la decisión del juez: “Estamos un poco indignados porque sí se ofrecieron las pruebas”. La defensa aseguró que confiaba en que no se dictaría la vinculación a proceso y adelantó que recurrirá a las vías legales para combatir la resolución.
Además, los abogados analizan la posibilidad de solicitar un procedimiento abreviado, una alternativa que, bajo determinadas condiciones y con la aceptación de responsabilidad, puede permitir una reducción de la pena.
Un caso que involucra a agentes estadounidenses
El proceso contra Jáuregui está relacionado con el operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, para desmantelar un presunto laboratorio de drogas. Durante el regreso del convoy, un vehículo cayó a un barranco, accidente en el que murieron el director de la Agencia Estatal de Investigación, su escolta y dos ciudadanos estadounidenses identificados en la investigación como posibles agentes de la CIA.
La Fiscalía General de la República acusa al exfiscal de presuntamente permitir la participación de agentes extranjeros en actividades reservadas a las autoridades federales, sin la autorización correspondiente. También sostiene que se ocultó información y que se vulneraron disposiciones relacionadas con la soberanía nacional y el pacto federal.
De acuerdo con la información del caso, la FGR presentó más de 150 datos de prueba para sustentar su acusación. Sin embargo, será durante el proceso judicial cuando se determine si esos elementos acreditan la responsabilidad penal del exfuncionario.
De la Fiscalía de Chihuahua al penal del Altiplano
Jáuregui renunció a su cargo el 27 de abril de 2026, después de que el operativo y la presencia de ciudadanos estadounidenses provocaran una fuerte controversia. Fue detenido el 17 de octubre por autoridades de Chihuahua por presuntos delitos del fuero común y posteriormente la FGR ejecutó una orden de aprehensión federal por traición a la patria, tras lo cual fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano.
En el ámbito estatal, el 22 de octubre un juez lo vinculó a proceso por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, mientras descartó la acusación de coalición. En el procedimiento federal, la audiencia de vinculación a proceso se realizó a puerta cerrada por razones de seguridad nacional y se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
Desde el penal, el exfiscal envió un mensaje en el que aseguró encontrarse “muy bien y muy fuerte”, además de pedir a sus simpatizantes que le enviaran “buenas vibras”.
El caso ha adquirido relevancia política por sus posibles implicaciones para el gobierno de la gobernadora Maru Campos, así como por las consecuencias diplomáticas que podría tener la participación de agentes estadounidenses en un operativo realizado en territorio mexicano.
Por ahora, la defensa insiste en que no existen elementos suficientes para justificar las acusaciones y prepara su impugnación. La investigación deberá determinar las responsabilidades correspondientes, mientras el proceso mantiene bajo escrutinio la coordinación entre autoridades estatales y federales, así como los límites de la colaboración con agencias extranjeras.
