Ciudad de México, 27 de julio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que existen “muchísimas pruebas” contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, en el caso relacionado con huachicol fiscal. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum rechazó categóricamente que su administración use las instituciones de justicia con fines políticos.
La declaración surgió después de que Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, calificara a Ruffo Appel como un “preso político” del gobierno federal. Romero argumentó que no hay evidencia suficiente para sostener las acusaciones y denunció un uso político de las instituciones judiciales.
En respuesta, Sheinbaum enfatizó que la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado numerosas pruebas que involucran a Ruffo Appel y a al menos ocho personas más en un esquema de contrabando de combustible. Este modelo, explicó, representa un fraude directo al Estado mexicano y afecta a la sociedad en general.
El caso se enmarca dentro de una investigación más amplia sobre el contrabando de hidrocarburos, un delito que ha sido señalado como una amenaza al patrimonio nacional. La FGR mantiene abierta la indagatoria y ha realizado detenciones vinculadas al esquema de huachicol fiscal.
Acusaciones y contexto político
El dirigente panista Jorge Romero sostuvo que la detención de Ruffo Appel en un penal de máxima seguridad carece de fundamentos legales sólidos, y que responde a una persecución política de la llamada Cuarta Transformación (4T). Esta postura ha generado un debate sobre la independencia de las instituciones y el uso de la justicia en el país.
Sin embargo, la presidenta Sheinbaum insistió en que las acciones judiciales se basan en evidencias y procedimientos legales, no en motivaciones políticas. Aclaró que el proceso incluye a varios detenidos y que la investigación continúa para esclarecer completamente el esquema delictivo.
Seguimiento y consecuencias
En paralelo, se informó que antes de su salida, el funcionario Rodríguez Padilla realizó auditorías en Pemex relacionadas con el caso, reservando ciertos datos por tres años, lo que podría implicar un seguimiento riguroso a la situación.
Este caso mantiene la atención pública y política, pues pone en el centro la lucha contra la corrupción y el contrabando de combustible, así como la transparencia en el uso de las instituciones de justicia en México.
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