
Ciudad de México, 6 de octubre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció la complejidad para establecer una ley nacional contra los fraudes inmobiliarios debido a limitaciones jurídicas en los ámbitos federal, estatal y municipal.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que existen diferencias en las atribuciones legales, ya que algunas competencias corresponden a la federación y otras a las entidades federativas. Por ello, crear una legislación federal en este tema no resulta sencillo.
La mandataria federal señaló que, aunque la federación puede brindar apoyo, la responsabilidad principal recae en los estados y municipios. En particular, destacó que muchos fraudes están relacionados con la violación del uso de suelo, una competencia municipal.
Sheinbaum destacó que la Ciudad de México ha avanzado en la regulación contra fraudes inmobiliarios y mencionó la posibilidad de colaborar con otras entidades interesadas en implementar medidas similares.
Este reconocimiento surge en un contexto donde los fraudes inmobiliarios representan un problema creciente en varias regiones del país, afectando a compradores y generando inseguridad jurídica en el sector.
La presidenta enfatizó que, aunque la creación de una ley federal es compleja, el gobierno federal está dispuesto a apoyar a las entidades que deseen fortalecer sus marcos legales para combatir estos delitos.
Limitaciones jurídicas en la legislación contra fraudes inmobiliarios
Sheinbaum explicó que la legislación en materia inmobiliaria está fragmentada entre diferentes niveles de gobierno. Las leyes estatales regulan aspectos generales, mientras que los municipios tienen la facultad para controlar el uso del suelo, lo que complica la creación de una norma única.
Por ello, la presidenta subrayó la importancia de que cada entidad adapte sus leyes y cuente con el respaldo federal para enfrentar los fraudes inmobiliarios de manera efectiva.
Avances en la Ciudad de México y colaboración interinstitucional
La Ciudad de México ha implementado medidas para combatir los fraudes inmobiliarios, lo que podría servir como modelo para otras entidades. Sheinbaum mencionó que se mantiene abierta la posibilidad de trabajar con otros estados interesados en replicar estas acciones.
De esta forma, se busca fortalecer la seguridad jurídica y proteger a los ciudadanos frente a prácticas fraudulentas en el sector inmobiliario.
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