Internacional, 14 de julio de 2026.- La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre los audios filtrados en los que presuntamente la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ofrece colaborar con autoridades de Estados Unidos. Sheinbaum aclaró que no se puede confirmar con quién se sostuvo la conversación y descartó que el contenido represente un riesgo para la seguridad estatal.
Durante la conferencia matutina, la mandataria capitalina fue cuestionada sobre la grabación difundida por el periodista Héctor de Mauleón.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también se pronunció al respecto. Señaló que los audios no evidencian la intención de revelar información confidencial ni estratégica. Explicó que las mesas de seguridad incluyen autoridades estatales y federales que revisan indicadores delictivos, pero no datos sensibles que puedan comprometer la seguridad.
Por su parte, Sheinbaum recordó que la gobernadora de Baja California ya ofreció una explicación pública sobre el audio. Subrayó que no se puede concluir que la conversación haya sido con funcionarios estadounidenses y que, según Marina del Pilar, ninguna información comprometió la seguridad del estado.
El gobierno federal, con base en estos elementos, descartó la apertura de una investigación formal o la modificación de los protocolos de las mesas de seguridad. Consideran que el contenido conocido no implica filtración de datos sensibles ni pone en riesgo la seguridad pública.
Contexto y repercusiones
La difusión de estos audios generó inquietud sobre la posible cooperación entre autoridades estatales y extranjeras en materia de seguridad. Sin embargo, las aclaraciones oficiales buscan tranquilizar a la opinión pública y mantener la confianza en los mecanismos de coordinación para la seguridad en Baja California y el país.
Seguimiento y coordinación
Se mantiene la vigilancia sobre la operación de las mesas de seguridad para garantizar que la información compartida se limite a indicadores públicos y no comprometa estrategias ni datos sensibles. La comunicación entre niveles de gobierno continúa siendo fundamental para atender la incidencia delictiva.
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