
Benito Juárez, Quintana Roo, 10 de agosto de 2026. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo logró que tres hombres fueran sentenciados a 70 años de prisión por el delito de secuestro agravado, ocurrido en noviembre de 2023 en el municipio de Benito Juárez. La sentencia fue dada a conocer por la Fiscal de Distrito Sur, Estela Labastida Rodríguez, durante una conferencia de prensa del Gabinete de Paz.
Detalles del secuestro y detención
Los sentenciados, identificados como José Alfredo Gómez Trinidad, Edgar Fernando Andrade González y Denis Ángel Rodríguez Galván, participaron en el secuestro de una víctima de identidad reservada. Según la Fiscalía, el 14 de noviembre de 2023, Denis Ángel Rodríguez Galván y Edgar Fernando Andrade González, integrantes de un grupo delictivo, llegaron en un vehículo Volkswagen a un taller mecánico en el fraccionamiento Las Islas, Supermanzana 216, donde la víctima se encontraba.
Edgar Fernando Andrade González descendió del vehículo junto con otro cómplice, portando armas de fuego, y encañonaron a la víctima para subirla a su propio automóvil Mazda. Posteriormente, obligaron a la víctima a seguirlos y la trasladaron durante aproximadamente 15 minutos a un lugar de cautiverio, donde exigieron un rescate de cinco millones de pesos, amenazando con privarla de la vida si no se pagaba.
Proceso judicial y resolución
Tras recibir un pago parcial de 400 mil pesos el 15 de noviembre de 2023, los secuestradores liberaron a la víctima cerca de la Plaza Héroes. En la audiencia de juicio oral, el juez declaró penalmente responsables a los tres imputados por secuestro agravado y dictó la sentencia de 70 años de prisión para cada uno.
En la conferencia de prensa también estuvieron presentes autoridades como la Secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez; el Contralmirante Julio César Gómez Torres, Secretario de Seguridad Ciudadana; y mandos militares y de la Guardia Nacional, quienes destacaron la colaboración entre instituciones para combatir la delincuencia en la región.
Este fallo representa un avance importante en la lucha contra el secuestro en Quintana Roo y envía un mensaje claro sobre la aplicación de la justicia en casos de alta gravedad.
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