Ciudad de México, 11 de agosto de 2026.- El Senado de la República alista la aprobación de una reforma constitucional que garantizará la autonomía y libre determinación de 70 pueblos indígenas y afromexicanos en México. La iniciativa, que será presentada en octubre, beneficiará a más de 25 millones de personas pertenecientes a 16 mil 728 comunidades.
Guadalupe Chavira, secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, informó que ya comenzaron las asambleas regionales para la consulta previa, libre e informada sobre la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Este proceso definirá el contenido del proyecto de reforma que se discutirá en el próximo periodo de sesiones.
La reforma busca reconocer los sistemas normativos propios, las formas de elección, el patrimonio cultural y la defensa del territorio de los pueblos originarios. Además, permitirá que las comunidades decidan directamente en qué proyectos se invierten los recursos federales asignados, eliminando intermediarios en la administración de estos fondos.
Actualmente, más de 26 mil millones de pesos se destinan en dos años a obras de infraestructura social básica en estas comunidades, incluyendo agua potable, drenaje, electrificación, salud y educación. La reforma constitucional fortalecerá este mecanismo para que sea considerado en la discusión del presupuesto federal de 2027.
Chavira destacó que esta iniciativa responde a una demanda histórica de los pueblos indígenas, quienes durante más de 500 años han sido invisibilizados y tratados como ciudadanos de segunda. La ley pretende otorgarles personalidad jurídica y patrimonio propio para que ejerzan plenamente sus derechos como sujetos de derecho público.
Con esta reforma, el Senado busca colocar en la agenda legislativa la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, garantizando su participación en la vida pública nacional y el respeto a su autonomía.
Consulta indígena y participación comunitaria
El proceso de consulta es fundamental para que los pueblos originarios definan los alcances de la ley. A través de asambleas regionales, se recaban opiniones sobre sus sistemas normativos y el uso de recursos. Esto representa un avance en la inclusión política y social de estas comunidades.
Impacto en el presupuesto y desarrollo social
La reforma también busca que el presupuesto federal para infraestructura social básica sea administrado directamente por las comunidades. Esto permitirá mayor transparencia y eficacia en proyectos de agua potable, salud y educación, fortaleciendo el desarrollo local y la autonomía económica.
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