Ciudad de México, 25 de mayo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó por unanimidad una reforma al Código Penal de Guanajuato que imponía multas a padres que obligaran a sus hijos a recibir terapias de conversión para modificar su orientación sexual.
El pleno de la Corte resolvió un proyecto presentado por la ministra María Estela Ríos González, quien consideró que la norma vigente desde diciembre de 2025 vulneraba derechos fundamentales y el interés superior de la niñez. La reforma sancionaba con multas de 20 a 60 días a los tutores que aplicaran estas prácticas.
La ministra explicó que el artículo impugnado afecta la integridad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad de las víctimas, además de exponerlas a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, cuestionó la validez del consentimiento informado para estas terapias, incluso en personas adultas, ya que implicaría autorizar prácticas discriminatorias y violatorias de derechos humanos.
Durante la sesión, la ministra Loretta Ortiz Ahfl destacó que estas conductas se cometen principalmente en el ámbito familiar, lo que agrava la situación por el deber reforzado de protección que tienen los padres sobre menores y personas con discapacidad.
Con este fallo, la Corte abrió la posibilidad de imponer sanciones penales más severas, que podrían incluir penas de prisión de dos a seis años para quienes obliguen a menores o personas incapaces a someterse a terapias de conversión.
Terapias de conversión y derechos humanos
La decisión de la SCJN representa un avance en la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas, al reconocer que las terapias de conversión constituyen una forma de violencia y discriminación. La medida busca garantizar que estas prácticas no se normalicen ni se permitan bajo ningún consentimiento.
Implicaciones legales y sociales
Este fallo podría sentar un precedente para que otras entidades federativas revisen sus normativas y fortalezcan las sanciones contra estas prácticas. Además, pone en relieve la importancia de proteger a los menores de edad y personas vulnerables frente a actos que atenten contra su integridad y libertad.
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