La polémica iniciativa de Rocha Moya sobre transparencia en Sinaloa encendió alertas entre organizaciones civiles y especialistas luego de que se revelara que la propuesta podría restringir el acceso ciudadano a información sobre vuelos oficiales, facturas, investigaciones de corrupción y uso de recursos públicos. La reforma fue presentada apenas días antes de que autoridades de Estados Unidos formalizaran cargos por narcotráfico contra el ahora gobernador con licencia.
El documento fue enviado al Congreso del Estado de Sinaloa el pasado 16 de abril de 2026 por el entonces gobernador Rubén Rocha Moya. La iniciativa ha sido señalada por colectivos ciudadanos como un posible intento de blindar la administración estatal frente a futuras investigaciones o solicitudes de transparencia relacionadas con el manejo de dinero público.
⚠️ Reforma de transparencia en Sinaloa desata polémica
De acuerdo con organizaciones civiles, la propuesta modificaría profundamente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa. Entre los cambios más delicados destaca la eliminación del acceso a las bitácoras de vuelos oficiales, información que actualmente permite conocer quién viaja en aeronaves pagadas con recursos públicos, los destinos y los objetivos de cada traslado.
Además, la iniciativa ampliaría los motivos por los cuales el gobierno podría negar información solicitada por ciudadanos o periodistas. Conceptos como “seguridad nacional” o “estabilidad financiera” podrían utilizarse para reservar documentos relacionados con gastos públicos, contratos o investigaciones administrativas.
Otro de los puntos que ha causado preocupación es la modificación sobre investigaciones de corrupción. La propuesta agregaría la palabra “acreditados” en la legislación, lo que impediría acceder a información de casos abiertos o en proceso y únicamente permitiría consultar expedientes donde ya exista una resolución definitiva.
Especialistas advierten que este cambio podría dificultar el seguimiento ciudadano a posibles actos de corrupción dentro del gobierno estatal, especialmente en un contexto donde el nombre de Rocha Moya ha sido mencionado en investigaciones internacionales relacionadas con presuntos vínculos criminales.
✈️ Vuelos oficiales y recursos públicos quedarían reservados
Uno de los aspectos más criticados de la iniciativa es la eliminación de apartados relacionados con vuelos oficiales. Actualmente, la legislación sinaloense obliga a transparentar información sobre aeronaves utilizadas con dinero público, incluyendo pasajeros, tripulación y costos operativos.
El tema cobró fuerza luego de que el periodista Jorge García Orozco difundiera señalamientos sobre presuntos viajes en aeronaves privadas realizados por familiares del gobernador junto a funcionarios investigados por autoridades estadounidenses. Según las versiones difundidas, cada vuelo habría superado los 500 mil pesos en costo.
La presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Sinaloa, Lucía Mimiaga León, afirmó que la eliminación de estos apartados representa un retroceso evidente en materia de transparencia y rendición de cuentas. Diversos colectivos consideran que limitar esta información impediría conocer cómo se utilizan recursos públicos en medio de investigaciones sensibles.
🏛️ Organizaciones civiles preparan amparos contra la reforma
Otro cambio de fondo sería la desaparición de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, organismo autónomo encargado de resolver controversias sobre acceso a la información en Sinaloa.
Las facultades de este instituto pasarían directamente a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, dependencia subordinada al Poder Ejecutivo estatal. Para organizaciones civiles, esto implicaría que el propio gobierno se convertiría al mismo tiempo en juez y parte sobre los asuntos relacionados con transparencia.
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La iniciativa actualmente permanece en análisis dentro de comisiones legislativas y todavía no ha sido votada por el pleno del Congreso sinaloense. Sin embargo, colectivos como Iniciativa Sinaloa, Coparmex, Observatorio Ciudadano de Mazatlán y Sabuesos Guerreras ya advirtieron que promoverán amparos en caso de que la reforma sea aprobada.
El caso ha generado atención nacional debido al contexto político y judicial que rodea a Rocha Moya. Analistas consideran que, de avanzar la reforma, podría convertirse en uno de los cambios más controvertidos en materia de acceso a la información pública en los últimos años en México.
