Ciudad de México, 4 de agosto de 2026.- La decisión del gobierno federal de eliminar las escuelas militarizadas en México afecta a 12 mil 813 alumnos inscritos en 59 planteles distribuidos en 18 estados, según un análisis de la Iniciativa de educación con equidad y calidad (IEEC) del Tecnológico de Monterrey.
El estudio advierte que esta medida genera un vacío jurídico sobre qué prácticas educativas están permitidas y cuáles deben sancionarse. Además, señala la necesidad de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) establezca reglas claras para diferenciar entre abusos y disciplina legítima, pues no toda educación militar implica violencia.
Marco Fernández, investigador de la IEEC, explicó que la educación militarizada puede fomentar valores como la puntualidad, responsabilidad y trabajo en equipo, ejemplificados en bandas de guerra y actividades deportivas en escuelas públicas y privadas. Sin embargo, la SEP sostiene que este modelo no está permitido por la ley.
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Distribución y características de las escuelas militarizadas
De los 59 planteles, 30 son privados y atienden a mil 498 estudiantes, mientras que 25 públicos concentran 11 mil 315 alumnos, principalmente en Nuevo León y Guanajuato, donde se ubican 18 escuelas con 9 mil 36 estudiantes, el 70.5% de la matrícula nacional.
La mayoría de los alumnos, 11 mil 714, cursan bachillerato, y el resto educación básica y superior. En el sector público, estas escuelas incluyen opciones técnicas como ciberseguridad y fomentan bandas militares como parte de la formación.
Denuncias y consecuencias tras clausura de escuelas
La clausura de estas escuelas se dio tras casos graves de maltrato, novatadas y la muerte de Dafne Zapata Quintos, alumna de 13 años en Tamaulipas. También se documentaron abusos en academias de Puebla, Sonora y Aguascalientes, con denuncias por agresiones físicas y psicológicas.
La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Contreras López, confirmó que existen más de cinco denuncias relacionadas con la Academia Militarizada Doenitz, donde ocurrió el feminicidio de Dafne Zapata.
El análisis destaca la falta de coordinación entre autoridades educativas federales, estatales y municipales para supervisar estos planteles, lo que dificulta garantizar la seguridad y bienestar de los estudiantes.
La SEP deberá definir con claridad las prácticas permitidas y evitar estigmatizar la disciplina legítima, para proteger a los alumnos y regular este modelo educativo.
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