Topolobampo, Sinaloa, 4 de junio de 2026.- La planta de amoniaco ubicada en la Bahía de Ohuira, en el norte de Sinaloa, sigue bajo vigilancia estricta por parte de autoridades ambientales federales debido a su impacto en un ecosistema considerado de alto valor ecológico y cultural. Este proyecto, que produce 2,200 toneladas métricas diarias, ha generado un amplio debate por su relación con las comunidades indígenas Mayo-Yoreme y el entorno natural.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) mantiene acciones permanentes de inspección y seguimiento en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Estas medidas buscan asegurar que la planta opere conforme a la legislación vigente y que se atiendan las preocupaciones de las comunidades locales.
La Bahía de Ohuira es un complejo lagunar costero que sustenta la pesca, manglares y biodiversidad marina, elementos esenciales para la subsistencia y cultura del pueblo Mayo-Yoreme. La instalación de la planta ha generado tensiones entre el desarrollo industrial y la conservación ambiental, un conflicto recurrente en México.
En 2021, la Suprema Corte de Justicia ordenó realizar una consulta indígena previa, libre e informada, que se llevó a cabo entre mayo y septiembre de 2022. Participaron más de 2,400 personas de 15 comunidades, de las cuales once aprobaron el proyecto mientras que otras, como Ohuira y Lázaro Cárdenas, expresaron objeciones relacionadas con la pesca y la biodiversidad.
Procesos legales y supervisión ambiental
La autorización ambiental vigente fue emitida en septiembre de 2022 tras la consulta. Sin embargo, la legalidad del proceso ha sido impugnada en tribunales federales. En 2022 y 2023, juzgados confirmaron el cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte, y en 2024 y 2025, el Primer Tribunal Colegiado desestimó recursos contra el procedimiento consultivo, consolidando la autorización.
Se han aplicado medidas correctivas y continúan abiertos expedientes para seguimiento ambiental y verificación de condicionantes.
Diálogo con comunidades y retos ambientales
Las comunidades indígenas y pescadores han manifestado preocupación por la conservación de manglares, calidad del agua y efectos acumulativos sobre el ecosistema. En agosto de 2025 y mayo de 2026, delegaciones de Semarnat, Profepa e INPI sostuvieron reuniones con representantes locales para atender estas inquietudes.
Actualmente, el proyecto sigue bajo supervisión ambiental y debe cumplir con condicionantes técnicas para proteger el entorno. La autoridad federal mantiene abierta la vigilancia para garantizar la protección de los ecosistemas costeros y el respeto a los derechos de las comunidades.
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