Ciudad de México, 10 de julio de 2026.- La detención y posterior traslado a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, mantiene bajo fuego al entramado político del norte del país. El caso destapó una intrincada red de complicidades que involucra a miembros del crimen organizado y a servidores públicos de alto nivel. Además, este escándalo reactivó las fricciones bilaterales, en un contexto donde la presidenta Claudia Sheinbaum señala contradicciones de Ken Salazar y reclama la falta de transparencia de Washington sobre el vuelo del capo.
El origen de la crisis se remonta a julio de 2024, cuando emboscaron a Zambada García en una finca de Culiacán, Sinaloa. Según las declaraciones del propio capo, Joaquín Guzmán López, alias “El Chapito”, planeó la cita bajo el engaño de mediar en una disputa política entre Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense (PAS), y el gobernador constitucional Rubén Rocha Moya. En ese mismo sitio ejecutaron a Cuén Ojeda, un crimen que la Fiscalía General de la República (FGR) atribuyó formalmente a los sicarios de “Los Chapitos”.
Funcionarios sinaloenses bajo la lupa judicial
La investigación de la FGR derribó las versiones iniciales de las autoridades locales y provocó la caída de mandos institucionales. De hecho, la exfiscal general del estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada, se vio obligada a renunciar tras presentar informes erróneos que contradecían los hallazgos federales y el testimonio de Zambada.
Actualmente, las indagatorias por la presunta red de protección institucional e intercambio de sobornos se extienden a por lo menos diez funcionarios y excolaboradores de la administración estatal:
-
Rubén Rocha Moya: El gobernador de Sinaloa enfrenta señalamientos directos por presuntos vínculos financieros con la facción de “Los Chapitos”.
-
Enrique Inzunza Cázarez: El exsecretario de Gobierno es investigado por sostener supuestas reuniones clandestinas con operadores de la organización criminal.
-
Enrique Díaz Vega: El exsecretario de Finanzas estatal optó por entregarse de manera voluntaria a las agencias de la justicia estadounidense, declarándose culpable de cargos relacionados con el caso.
-
Mandos de Seguridad: Los exsecretarios de Seguridad y de la policía estatal, Gerardo Mérida Sánchez y Marco Antonio Almanza Avilés, enfrentan acusaciones por presuntamente facilitar la movilidad y logística del cártel.
Alcance Municipal: Las imputaciones por complicidad y encubrimiento tocan de igual forma al actual alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y al excomandante policial Juan Valenzuela Millán. A ambos personajes se les investiga por su supuesta colaboración en represalias violentas en contra de informantes de la DEA.
El piloto de la operación y el choque de versiones
En el rubro operativo, el flujo de información apunta a Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, un piloto aéreo ligado a la facción de los hijos de “El Chapo” Guzmán. Él habría sido el encargado de pilotar la aeronave que trasladó a ambos capos a un aeródromo de Texas.
Por otra parte, la vertiente diplomática sigue sumida en la ambigüedad. Mientras el exfiscal general estadounidense Merrick Garland sostuvo de forma institucional que Washington no planificó el traslado, agencias como el FBI festejaron la captura como un trofeo de guerra. En este sentido, el actual director del FBI, Kash Patel, llegó a promover la avioneta confiscada como un emblema de la corporación. No obstante, las inconsistencias en las fechas y las bitácoras aéreas mantienen en pausa la confianza y la plena colaboración en la agenda de seguridad transfronteriza.
También puedes leer: Más noticias de Internacionales en OLA Noticias.
