Ciudad de México, 10 de julio de 2026.- Una denuncia ciudadana interpuesta ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno colocó bajo escrutinio las políticas de contratación de Petróleos Mexicanos (Pemex). El documento cuestiona de forma directa la adjudicación expedita de un contrato que asciende a los 4 mil 838 millones de pesos. Este monto se destinó a un consorcio privado para el arrendamiento de vehículos especializados. La queja formal alerta sobre posibles conflictos de interés, daño patrimonial y una simulación de competencia en el proceso regulatorio.
El convenio en disputa está identificado con la clave PMX-2025-98-347. Su autorización ocurrió el 25 de julio de 2025 bajo la gestión de Víctor Rodríguez Padilla en la dirección de la petrolera. El pacto comercial estipula el alquiler anual de un parque vehicular de entre 350 y mil 200 unidades automotrices especializadas. El fin de estos vehículos es apoyar las labores de seguridad y combate al mercado ilícito de hidrocarburos. El acuerdo mantiene una vigencia extendida hasta diciembre del año 2028.
Red corporativa y nexos con funcionarios
La querella ciudadana detalla que el consorcio beneficiado con los recursos públicos está integrado por las firmas Arrendo Serv, S.A. de C.V. e Impulsa Tu Ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Según el expediente expuesto, los accionistas y apoderados legales de dichos entes mercantiles sostienen presuntas relaciones de cercanía con servidores públicos en funciones. Esta situación contraviene los estatutos de transparencia y el correcto uso del erario.
Las pesquisas e informes ciudadanos señalan de manera particular los siguientes vínculos:
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Estructura del Consorcio: La empresa Arrendo Serv tiene como socios principales a José Alejandro Reyes Zeind y Kora Naama Conchas Burelo. Por su parte, Impulsa Tu Ganancia opera bajo la representación de Alberto Pliego Hernández.
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Vínculo Político: La denuncia asienta que estos empresarios mantienen nexos con Carlos Alberto Ulloa Pérez, actual director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex). Esto sugiere una presunta influencia indebida para la obtención del contrato millonario.
Excepción por Seguridad: Para evadir el requisito constitucional de una licitación pública y abierta, Pemex fundamentó el otorgamiento del contrato bajo una cláusula de excepción por motivos de seguridad nacional. Esta modalidad restrictiva obliga ahora a las autoridades a realizar una auditoría el doble de minuciosa sobre el origen y destino de los fondos.
Intervención de organismos federales de auditoría
Debido a la gravedad de las imputaciones, el expediente fue remitido de inmediato a un bloque de dependencias fiscalizadoras. Entre ellas destacan la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de la República (FGR). Asimismo, participarán la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control (OIC) de la propia Pemex. Las instituciones deberán rastrear si la estructura corporativa se diseñó para ocultar a los beneficiarios finales de las ganancias.
En un día donde la agenda nacional también se concentra en temas de transparencia y la recuperación de bienes culturales durante su administración federal, esta denuncia pone a prueba los mecanismos anticorrupción del gabinete. Los promoventes de la queja exigieron suspender el flujo de pagos en caso de acreditarse las irregularidades administrativas o fiscales. Esto busca salvaguardar el patrimonio de Pemex y fincar las responsabilidades penales correspondientes a quienes resulten responsables.
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