Oaxaca, 13 de julio de 2026.- El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, admitió que ha autorizado la entrega de vehículos asegurados por la Fiscalía a presidentes municipales de la entidad. La declaración se produjo en el contexto de cuestionamientos sobre el uso de automóviles decomisados y su vinculación con carpetas de investigación.
En una entrevista reciente, Jara explicó que varios presidentes municipales han solicitado vehículos para sus labores, por lo que se ha recurrido a la Fiscalía para obtener unidades que se encuentran en calidad de aseguradas o decomisadas. Según el gobernador, estos vehículos tienen varios años de estar en depósito y son reparados por los municipios para su uso operativo.
El mandatario estatal señaló que no es un caso aislado el de Mazatlán, donde se detectó un vehículo relacionado con una investigación. Indicó que se ha pedido a las autoridades municipales que utilicen los recursos disponibles para mantener sus operaciones, pero reconoció que en ocasiones no cuentan con presupuesto para adquirir unidades nuevas, por lo que se opta por prestar vehículos asegurados.
Esta práctica, explicó Jara, consiste en que los presidentes municipales reciben vehículos que han estado en depósito por hasta diez años, los reparan y los utilizan para sus funciones. Sin embargo, algunos de estos automóviles están vinculados a carpetas de investigación, lo que ha generado polémica y cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia de esta medida.
El gobernador aclaró que la entrega de estos vehículos se realiza con conocimiento y autorización de la Fiscalía, buscando apoyar a los municipios que requieren unidades para sus operaciones. No obstante, reconoció que la situación genera debate sobre el uso adecuado de bienes asegurados y la necesidad de fortalecer los recursos para las autoridades locales.
Contexto y repercusiones de la entrega de vehículos asegurados
La entrega de vehículos asegurados a municipios en Oaxaca refleja una práctica administrativa que busca suplir la falta de recursos para la adquisición de unidades nuevas. Sin embargo, también plantea retos en materia de transparencia y legalidad, sobre todo cuando algunos vehículos están relacionados con investigaciones en curso.
Impacto en la gestión municipal y seguridad pública
El uso de vehículos decomisados puede representar un apoyo operativo para los municipios, pero también puede implicar riesgos legales y administrativos. La aclaración del gobernador Salomón Jara pone en evidencia la necesidad de establecer protocolos claros para el manejo de estos bienes y evitar posibles conflictos con la Fiscalía y la ciudadanía.
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