El gobierno federal ha iniciado una polémica campaña a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para señalar directamente a las estaciones de servicio que registran precios elevados. Mediante la colocación de mantas con la leyenda “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios”, las autoridades buscan desincentivar el consumo en negocios que no se alinean a los márgenes esperados por la administración. Esta medida ha provocado fuertes críticas, calificándola como un acto de hostigamiento que interfiere con la dinámica natural de la oferta y la demanda.
El titular de la dependencia, Iván Escalante, recientemente compartió un video desde una gasolinera de la marca Repsol en el Estado de México. En dicho lugar, el litro de diésel se vendía a 31 pesos con 49 centavos, cifra que supera por más de tres pesos el objetivo gubernamental de mantener el precio por debajo de los 28 pesos. Escalante advirtió que estas acciones de “señalamiento público” se extenderán por todo el país, pidiendo a los ciudadanos que eviten cargar combustible donde vean estas lonas, lo que para muchos representa una medida de presión excesiva sobre los dueños de negocios locales.
El conflicto entre el control de precios y el libre mercado
La medida ha generado una ola de indignación entre comerciantes y especialistas económicos, quienes argumentan que no existe ilegalidad en ajustar los precios según las condiciones internacionales. Actualmente, el mercado global enfrenta una gran volatilidad debido a los conflictos en Medio Oriente, lo que ha provocado un aumento en el costo de los combustibles en todo el mundo. Al imponer estas lonas, el gobierno parece ignorar los costos operativos de los empresarios y la realidad de los precios internacionales, optando por amedrentar a los negocios que intentan sobrevivir a la inflación.
Mientras la Profeco ejecuta estas acciones en las calles, en el despacho presidencial el enfoque se mantiene en la producción interna. Aunque Sheinbaum ahora parece ser que apoya al fracking con la intención de generar gas y crudo propio para estabilizar costos, la realidad es que los precios hoy siguen ligados al mercado externo. La táctica de poner letreros para “espantar” a la clientela, similar a lo que ha ocurrido con tortillerías que no entran en los pactos oficiales, es vista como una señal de alerta sobre la libertad para emprender y competir en México.
Implicaciones para el pequeño comercio y la soberanía
El temor principal es que este tipo de intervencionismo se extienda a otros productos básicos, como refrescos o alimentos en tiendas de abarrotes. Si un pequeño comerciante sube sus precios para cubrir sus propios incrementos de costo, podría enfrentarse a una campaña de desprestigio oficial en su propia fachada. Esta situación contrasta con el discurso de soberanía energética, pues mientras se busca producir más combustible mediante el fracking para no depender de otros países, en el mercado interno se castiga a quienes ajustan sus tarifas según la realidad económica que el propio gobierno no ha podido contener.
Finalmente, el debate queda abierto sobre si la tarea de una oficina gubernamental es informar o influir agresivamente en las decisiones de compra del consumidor. Mientras México busca modernizar su extracción de recursos, la aplicación de medidas de presión directa a los negocios locales recuerda a modelos de control de precios que han fallado en otros países. El equilibrio entre proteger el bolsillo del ciudadano y respetar el derecho de los negocios a fijar sus precios conforme al mercado global será uno de los mayores retos para la administración en los meses por venir.
