Ciudad de México, 26 de agosto de 2026.- La Secretaría de Marina (Semar) retiró el grado de contralmirante a Fernando Farías Laguna, acusado de liderar una red de huachicol fiscal en aduanas marítimas. La dependencia confirmó que Farías perdió su condición militar y los privilegios asociados tras ser dado de baja definitiva en abril pasado.
La decisión administrativa, considerada una de las sanciones más severas dentro de las Fuerzas Armadas, fue tomada días antes de que Farías fuera localizado en Argentina, según fuentes cercanas al caso. En ese momento, ya no formaba parte activa de la Marina, por lo que no podía representarla.
La baja definitiva se ejecutó mientras continuaban las labores de inteligencia para determinar su paradero. Esta acción fue independiente del proceso penal que enfrenta por delincuencia organizada con fines ilícitos en materia de hidrocarburos, que sigue en curso ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Marina quita grado de contralmirante y prerrogativas militares
Con la resolución de la Semar, Farías Laguna perdió el derecho a portar el uniforme naval y todas las prerrogativas derivadas de su condición militar. La Secretaría de Marina, encabezada por Raymundo Pedro Morales Ángeles, tomó esta medida para separar formalmente al excontralmirante de la institución.
Actualmente, Fernando Farías enfrenta una audiencia ante un juez federal que decidirá si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por su presunta participación en la red de huachicol fiscal. Esta diligencia judicial es clave para definir el curso de la investigación penal.
Contexto y consecuencias del caso Fernando Farías
El caso ha generado atención por la gravedad de las acusaciones y el impacto en la imagen de la Marina Armada de México. Farías es sobrino político del exsecretario José Rafael Ojeda Durán, lo que añade un contexto político a la investigación. La baja definitiva y la pérdida de grado buscan deslindar a la institución de las acciones del exmilitar.
La Secretaría de Marina mantiene las investigaciones y colabora con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos. El seguimiento del proceso penal y administrativo será determinante para la resolución final del caso.
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