
Ciudad de México, 17 de agosto de 2026.- La consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, rechazó que los lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias en radio y televisión sean un mecanismo de censura o que otorguen al gobierno facultades para determinar qué pueden publicar los medios.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Alcalde explicó que las críticas hacia el proyecto, que está en consulta pública hasta el 21 de agosto, se basan en interpretaciones erróneas. Aseguró que los lineamientos no prohíben expresar opiniones ni sancionan contenidos periodísticos, ni establecen una “verdad oficial” impuesta por la autoridad.
La funcionaria recordó que los derechos de las audiencias están reconocidos en la Constitución desde 2013 y que en 2014 se incorporaron mecanismos para hacerlos efectivos, como códigos de ética y defensores de audiencias, aunque una contrarreforma posterior eliminó algunos de estos elementos. La reforma de 2025 retomó esas disposiciones para fortalecer la protección de los ciudadanos frente a los medios.
Obligaciones para medios y límites a la autoridad
Los lineamientos exigen a los concesionarios de radio y televisión cumplir tres obligaciones: emitir un código de ética, nombrar un defensor de audiencias y establecer un mecanismo eficaz para recibir quejas ciudadanas. La autoridad solo podrá intervenir si estas obligaciones no se cumplen, aplicando multas en esos casos específicos.
Alcalde aclaró que no habrá sanciones relacionadas con el contenido editorial o las noticias difundidas. Incluso si se acreditara que un medio publicó información falsa, la sanción no sería por el contenido, sino que el defensor de audiencias podría recomendar aclaraciones.
Además, los lineamientos buscan que las audiencias identifiquen claramente cuándo están frente a noticias, opiniones o publicidad. Por ejemplo, un programa que combine información y comentarios personales deberá advertirlo previamente para evitar confusión o manipulación.
Consulta pública y ajustes al proyecto
La consejera Jurídica reconoció que algunos conceptos del proyecto pueden quedar sujetos a interpretación y que por ello se abrió la consulta pública para precisar detalles. Indicó que el diálogo con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) continúa y que hay disposición para modificar el documento antes de su publicación definitiva.
Finalmente, reiteró que los lineamientos no buscan acallar voces ni imponer visiones únicas, sino garantizar transparencia y protección para las audiencias en medios audiovisuales.
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