Ciudad de México, 17 de agosto de 2026.- La consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, aclaró que los lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias en radio y televisión no constituyen un mecanismo de censura ni otorgan facultades al gobierno para imponer una verdad oficial.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Alcalde explicó que las disposiciones, que están en consulta pública hasta el 21 de agosto, buscan transparentar la información que reciben los ciudadanos. Rechazó las críticas que señalan que estos lineamientos limitan la libertad de expresión o sancionan contenidos periodísticos.
La funcionaria destacó que los lineamientos no prohíben expresar opiniones ni establecen sanciones por el contenido informativo. Además, enfatizó que la autoridad no determinará qué es verdad o falsedad en las noticias difundidas por los medios.
Obligaciones para medios y protección a las audiencias
Los medios de radio y televisión deberán cumplir con tres obligaciones principales: emitir un código de ética, nombrar a un defensor de las audiencias y establecer un mecanismo eficaz para recibir quejas ciudadanas. Estas medidas buscan que el público identifique claramente cuándo recibe información, opinión o publicidad.
Alcalde ejemplificó que en programas donde se mezclan noticias con comentarios personales, se deberá advertir previamente a la audiencia mediante un cintillo o pleca. Esto permitirá distinguir el tipo de contenido y evitará confusiones o manipulaciones.
La consejera Jurídica aclaró que las multas previstas solo aplicarán si un medio incumple con estas obligaciones formales, no por el contenido editorial o informativo. Incluso si se acreditara que un medio difundió una noticia falsa, no habría sanción económica, sino que el defensor de audiencias podría recomendar aclaraciones.
Contexto legal y diálogo con la industria
Los derechos de las audiencias están reconocidos en la Constitución desde 2013 y fueron incorporados en la legislación de telecomunicaciones en 2014. Sin embargo, una contrarreforma impulsada por el PAN eliminó algunos mecanismos para hacer efectivos estos derechos. La reforma de 2025 retomó estas disposiciones para fortalecer la protección al público.
Luisa María Alcalde reconoció que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) ha presentado observaciones al proyecto, aunque participó en la reforma legal que dio origen a los lineamientos. La funcionaria aseguró que el diálogo continúa y que se están considerando ajustes para precisar con claridad los alcances y evitar interpretaciones ambiguas.
Finalmente, reiteró que el proceso de consulta pública busca mejorar el documento para que los derechos de las audiencias sean una realidad sin afectar la libertad de expresión ni imponer censura.
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