Ciudad de México, 17 de junio de 2026.- Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, hizo un llamado a los aspirantes a cargos públicos para que respeten los tiempos establecidos en la ley electoral y eviten actos anticipados de campaña de cara a las elecciones de 2027.
La legisladora señaló que ningún candidato puede colocarse por encima de la ley y destacó que los procesos electorales cuentan con plazos específicos para el inicio de precampañas y campañas. Intentar adelantarse a esos tiempos no solo sería ilegal, sino también inmoral.
Respecto a las licencias solicitadas por legisladores de Morena y del Partido Verde para competir por gubernaturas, López Rabadán enfatizó que quienes buscan un nuevo cargo deben cumplir con la normativa vigente y no aprovechar su posición para promover aspiraciones personales fuera de los tiempos permitidos.
“Se necesita que no haya actos anticipados de campaña. Tenemos un marco legal que respetar y ningún integrante de los partidos políticos que aspire a un cargo público tiene derecho a violar la ley”, indicó la presidenta de San Lázaro.
La legisladora recordó que el proceso electoral inicia formalmente en septiembre y llamó a la prudencia y legalidad, subrayando que los legisladores deben ser los primeros en cumplir las normas que ellos mismos aprueban.
“Nadie debe estar haciendo campañas, precampañas o actos anticipados de campaña porque eso es ilegal. Quienes hacemos las leyes somos los primeros obligados a respetarlas”, añadió.
Promoción política y legalidad electoral
Ante los señalamientos sobre la promoción anticipada de diversos perfiles políticos mediante espectaculares y otras estrategias, López Rabadán insistió en que ningún servidor público está por encima de la ley y que cualquier aspiración debe desarrollarse dentro del marco jurídico vigente.
Marco legal y responsabilidad política
La advertencia de la presidenta de la Cámara de Diputados subraya la importancia de respetar los tiempos electorales para garantizar procesos transparentes y equitativos. Además, pone énfasis en la responsabilidad de los legisladores como garantes del cumplimiento legal.
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