Ciudad de México, 28 de julio de 2026.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) emitió una alerta sobre los riesgos que representan para la libertad de expresión los nuevos lineamientos que el Ejecutivo Federal propone para regular los derechos de las audiencias en radio y televisión.
En un comunicado, la Jufed advirtió que estas pretensiones podrían vulnerar el artículo 6° constitucional, que garantiza la libertad de expresión y difusión de ideas. El organismo señaló que la regulación unilateral sobre contenidos mediáticos abre la puerta a mecanismos indirectos de censura institucionalizada, afectando la pluralidad informativa y limitando el debate público.
La presidenta del Senado, Kenia López, también se pronunció en conferencia de prensa. Destacó la importancia de escuchar a todos los participantes en la consulta pública que se realiza del 27 de julio al 21 de agosto, para garantizar los derechos de las audiencias sin caer en censura o limitaciones a la libertad de expresión.
“No debe permitirse que el régimen en turno defina qué información es verdadera o qué pueden publicar los medios”, afirmó López, quien insistió en que los lineamientos no deben convertirse en un instrumento para sancionar o censurar a los medios de comunicación.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, coincidió en que la censura no debe formar parte del proyecto. Subrayó que los medios tienen el deber ético de difundir información veraz, pero rechazó cualquier sanción que limite su labor informativa.
Jufed defiende la pluralidad y libertad de expresión
La Jufed recordó que durante décadas los contrapesos constitucionales han protegido el ejercicio periodístico frente a la fiscalización arbitraria del poder. La regulación propuesta, alertó, fractura el principio democrático y fomenta la autocensura, debilitando la neutralidad institucional y convirtiendo la regulación en un mecanismo de control político.
El organismo enfatizó que las libertades constitucionales no admiten condicionamientos y exigió que cualquier debate respete el marco legal para no restringir la libertad de expresión bajo pretextos regulatorios.
Consulta pública y protección real de audiencias
En este contexto, la consulta pública busca equilibrar la protección de los derechos de las audiencias sin afectar la independencia de los medios. Sin embargo, los actores políticos y judiciales alertan que la regulación debe evitar convertirse en censura o en un instrumento para limitar la pluralidad informativa.
La discusión continuará abierta hasta el cierre de la consulta el 21 de agosto, con la expectativa de que se respeten los derechos constitucionales y se garantice un entorno informativo libre y plural.
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