Ciudad de México, 3 de julio de 2026.- La jueza de control Karla Paola Herrera Sepúlveda ordenó al Ministerio Público Federal investigar posibles filtraciones de información relacionadas con el caso del presunto líder de una red de trata de personas, Juvenal “N”, alias “El Padrino”.
Durante la audiencia de revisión de la medida cautelar celebrada el 2 de julio, la defensa del imputado solicitó modificar su prisión preventiva oficiosa para cumplirla en un domicilio particular, argumentando padecimientos médicos y edad avanzada. Sin embargo, la jueza negó esta petición y mantuvo la prisión en el Centro Federal de Reinserción Social Número 11, en Sonora.
La defensa presentó dictámenes médicos y un estudio de riesgo procesal para sustentar que el acusado no representaba peligro de fuga ni riesgo para víctimas o testigos. No obstante, los peritajes presentados por el Ministerio Público y especialistas en geriatría y medicina interna concluyeron que no existían condiciones que justificaran el cambio de medida.
Ante esta negativa, la defensa solicitó que se investigara cómo un periodista de Grupo Imagen obtuvo información sobre la organización criminal vinculada al Bar Adelita, en Tijuana, lo que motivó la instrucción de la jueza para indagar posibles filtraciones.
Esta decisión ha generado preocupación en sectores periodísticos y de derechos humanos, pues podría afectar el acceso a información de interés público y ejercer un efecto inhibitorio sobre la libertad de prensa. Grupo Imagen ha documentado ampliamente el caso y la red criminal atribuida a Juvenal “N”.
La jueza Herrera Sepúlveda también ha estado involucrada en otros casos polémicos, como la liberación bajo caución de exagentes municipales de Tabasco vinculados a actividades delictivas, lo que ha puesto bajo escrutinio sus decisiones en procesos relacionados con delincuencia organizada y presuntas redes criminales.
Contexto y repercusiones de la investigación
La orden de investigar filtraciones en audiencias públicas abre un debate sobre los límites entre la transparencia judicial y la protección de la información sensible. Expertos advierten que estas pesquisas no deben convertirse en mecanismos para restringir la libertad de expresión ni para intimidar a periodistas que cubren temas de interés social.
Implicaciones para la libertad de prensa
El caso pone en evidencia la tensión entre el derecho a la información y las medidas judiciales que buscan preservar la integridad de los procesos penales. La investigación ordenada podría sentar un precedente en la forma en que se manejan las filtraciones en casos de alto impacto mediático.
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