Ciudad de México, 29 de septiembre de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválida la llamada “Ley Esposa” aprobada en los estados de San Luis Potosí y Durango, que establecía una alternancia de género obligatoria y permanente en las candidaturas a gubernaturas. Esta decisión se fundamenta en que la norma vulneraba derechos políticos y principios democráticos.
Argumentos de la Suprema Corte sobre la ley
La ministra Lenia Batres Guadarrama, ponente del proyecto, señaló que los congresos locales excedieron su margen legislativo al imponer una regla que limita el derecho a ser votado o votada. Destacó que la paridad no debe entenderse solo como una representación cuantitativa, sino también como un cambio social que reconoce la igualdad plena entre hombres y mujeres.
Batres Guadarrama explicó que toda ley debe ser abstracta e impersonal, con reglas generales. En contraste, la “Ley Electoral en materia de paridad” de San Luis Potosí y Durango resolvía situaciones particulares y se dirigía a personas específicas, lo que la hacía inválida.
El Pleno de la SCJN, con el respaldo de seis ministros, advirtió que la alternancia obligatoria convertía esta medida en una condición permanente para acceder a cargos unipersonales, restringiendo derechos como la autodeterminación de los partidos políticos y excluyendo anticipadamente a personas de uno de los géneros de la postulación.
Implicaciones y alcance del fallo
La ministra ponente aclaró que el fallo no cuestiona el principio de paridad ni impide acciones afirmativas para fortalecer la participación política femenina. Sin embargo, hizo un llamado a que estas medidas se armonicen con el derecho a ser votado, el pluralismo democrático y el principio de generalidad de las leyes.
En el caso de Durango, la Suprema Corte validó una disposición que permite a los partidos en candidaturas comunes acordar la distribución de votos obtenidos, lo que fue considerado constitucional.
La llamada “Ley Esposa” de San Luis Potosí fue aprobada el domingo 14 de diciembre y establecía que para las elecciones de 2027 los partidos, coaliciones y candidaturas independientes debían postular exclusivamente mujeres para la gubernatura. Esta norma fue impugnada por la dirigencia nacional de Morena, que argumentó que podría favorecer a la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Corona.
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