Ciudad de México, 28 de junio de 2026.- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso una inhabilitación de un año a Jaime N., exadministrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por ocultar un incremento patrimonial superior a 1.5 millones de pesos en sus declaraciones oficiales.
La sanción se derivó de una investigación realizada por la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que detectó irregularidades en la veracidad de las declaraciones patrimoniales del exfuncionario.
De acuerdo con el procedimiento administrativo, el monto no justificado asciende a un millón 532 mil 452 pesos, cantidad que el exadministrador no pudo acreditar ante las autoridades durante la investigación.
El TFJA confirmó que Jaime N. cometió una falta administrativa grave al omitir información en sus declaraciones de situación patrimonial. Esta conducta vulnera los mecanismos de transparencia y control que buscan prevenir actos de corrupción en el servicio público.
La Secretaría Anticorrupción informó que el exservidor público mantiene el derecho a impugnar la resolución mediante los recursos legales correspondientes, y aseguró que defenderá la sanción emitida por el tribunal.
Importancia de la fiscalización en aduanas
Las aduanas mexicanas, como la de Lázaro Cárdenas, son clave para el comercio exterior y la supervisión de mercancías. Por ello, la vigilancia patrimonial de sus funcionarios es fundamental para garantizar la integridad institucional.
Declaraciones patrimoniales y combate a la corrupción
Especialistas consideran que las declaraciones patrimoniales son herramientas esenciales para detectar inconsistencias y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
La sanción contra el exadministrador se suma a otras acciones recientes para combatir la corrupción y mejorar la rendición de cuentas en el servicio público federal.
La Secretaría Anticorrupción reiteró que la participación ciudadana es clave para denunciar posibles actos irregulares y que las conductas que afecten la confianza pública deben ser investigadas y sancionadas conforme a la ley.
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