Internacional, 2 de octubre de 2026.- La organización Human Rights Watch (HRW) solicitó a los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador que revelen la base legal de las operaciones que derivaron en la destrucción de ocho barcos pesqueros ecuatorianos en el océano Pacífico entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre.
HRW denunció que ninguno de los dos países ha presentado evidencias sólidas que vinculen individualmente a los tripulantes con delitos. Durante esas acciones, fuerzas estadounidenses destruyeron las embarcaciones y detuvieron a 140 de los 160 pescadores, mientras que los 20 restantes fueron rescatados por la Armada ecuatoriana.
De los detenidos, 90 enfrentan investigaciones penales, 14 no fueron presentados ante un juez y el resto fue liberado, según el informe de HRW. Además, algunos tripulantes denunciaron haber sido golpeados y amenazados para obligarlos a confesar tráfico de combustible, y que firmaron documentos sin comprender su contenido.
Human Rights Watch exige transparencia en ataques a barcos ecuatorianos
Estados Unidos argumenta que las embarcaciones funcionaban como estaciones flotantes para reabastecer narcolanchas vinculadas al grupo criminal “Los Choneros”, que mantiene nexos con cárteles mexicanos y colombianos. Sin embargo, HRW no pudo confirmar si alguna embarcación operaba como estación ilícita y criticó la falta de pruebas presentadas por ambos gobiernos.
El Comando Sur de Estados Unidos afirmó que sus acciones se ajustan a la ley y el general Francis L. Donovan destacó la presión contra narcoterroristas para desmantelar sus redes y finanzas. Por su parte, HRW reconoció que interceptar el tráfico de combustible puede ser clave, pero advirtió que esto no justifica detenciones sin evidencias ni abusos contra los pescadores.
Impacto y seguimiento de las operaciones en el Pacífico
Estos incidentes se suman a casos previos de interceptación de embarcaciones ecuatorianas por fuerzas estadounidenses, incluyendo la desaparición de ocho pescadores del barco “Fiorella” desde enero. La falta de respuestas claras genera preocupación sobre posibles violaciones a derechos humanos y la necesidad de transparencia en las operaciones conjuntas.
El Ministerio de Defensa de Ecuador no respondió a solicitudes de comentario, mientras que la situación mantiene en alerta a organizaciones internacionales por el posible abuso y la ausencia de pruebas legales.
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