Ciudad de México, 16 de junio de 2026.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con escolta ni protección proporcionada por el gobierno federal.
Durante la conferencia matutina, Harfuch explicó que la escolta que acompaña a Rocha Moya corresponde a funcionarios del gobierno estatal, ya sea de la policía estatal o de la fiscalía, pero no forma parte del gabinete de seguridad federal. Además, indicó que el exgobernador no solicitó medidas de protección a nivel federal.
En el mismo contexto, el secretario de Seguridad descartó que otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, acusados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos relacionados con armas, cuenten con protección del gobierno federal. Señaló que ninguna dependencia federal, incluyendo Defensa, Marina, la SSPC o la Fiscalía General de la República, ha otorgado escoltas ni medidas de seguridad a estas personas.
El 29 de abril pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones contra Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, el senador Enrique Inzulza y otros siete funcionarios por presuntos nexos con grupos criminales. Dos días después, Rocha Moya solicitó licencia al Congreso de Sinaloa para separarse temporalmente de su cargo mientras se llevan a cabo las investigaciones.
El 4 de mayo, Harfuch informó que aunque el exgobernador cuenta con equipo de seguridad personal, esta no fue solicitada por él, sino que se le asignó por recomendación, sin que esto implicara protección federal.
Protección federal y acusaciones contra funcionarios de Sinaloa
La aclaración del secretario de Seguridad responde a dudas surgidas tras las acusaciones internacionales y la polémica sobre la seguridad de los funcionarios involucrados. La dependencia federal enfatizó que no se ha otorgado escolta ni protección oficial a ninguno de los señalados.
Contexto de las investigaciones y seguridad en Sinaloa
El caso de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios se inscribe en un contexto de investigaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico, un tema que mantiene la atención en la seguridad y gobernabilidad de Sinaloa. La Secretaría de Seguridad mantiene vigilancia sobre la situación sin intervenir en la protección directa de los acusados.
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