
Santo Domingo, República Dominicana, 16 de junio de 2026. — Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat enfrentarán un juicio por homicidio involuntario. Un juez local determinó esta medida contra los dueños del club nocturno Jet Set, donde murieron 236 personas el pasado 8 de abril de 2025 tras el desplome del techo.
El magistrado Reymundo Mejía Zorrilla dictó la resolución en el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Los acusados podrían recibir una sentencia de hasta dos años de prisión si el tribunal los declara culpables. Esta decisión generó descontento entre los familiares de las víctimas, quienes exigían cargos por homicidio con penas de hasta 20 años.
Detalles del fallo judicial y contexto del caso
El juez descartó la imputación de homicidio doloso. El juzgador explicó que este cargo exigiría demostrar que los dueños sabían que su negligencia causaría las muertes. El fallo señala que los empresarios pudieron prever el derrumbe, pero no buscaron poner en riesgo sus propias vidas. Por ello, la justicia calificó el delito como involuntario.
Antes de la audiencia, unos 30 familiares de las víctimas se concentraron en el tribunal para manifestar su dolor ante la resolución. El Ministerio Público presentó cientos de pruebas que vinculan a los hermanos Espaillat con el incidente. Además, la fiscalía acusa a los empresarios de intentar intimidar a varios empleados relacionados con el caso.
Antonio Espaillat destaca como un empresario influyente en el sector del entretenimiento en República Dominicana. El hombre posee varios centros nocturnos y emisoras de radio. El derrumbe ocurrió durante un concierto del cantante Rubby Pérez, quien falleció en el incidente. El exlanzador de Grandes Ligas, Octavio Dotel, también murió en un hospital tras su rescate de los escombros.
Implicaciones y próximos pasos legales
Las autoridades juzgarán conjuntamente a los hermanos Espaillat. Sin embargo, el tribunal de la causa aún no fija la fecha exacta para el inicio del juicio. Este caso causó un gran impacto en la sociedad dominicana y evidenció graves problemas de seguridad en los establecimientos públicos.
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