Ciudad de México, 1 de septiembre de 2026.- El excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, no asistió a la audiencia judicial relacionada con el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. En ese siniestro fallecieron 40 hombres, 27 personas sufrieron lesiones permanentes y 15 mujeres sobrevivieron.
El juez Víctor Manlio Hernández Calderón decidió posponer la audiencia sin fijar una nueva fecha ni imponer sanciones a Garduño por su ausencia, según denunciaron organizaciones que acompañan a las víctimas y sus familias. Estas agrupaciones señalaron que el exfuncionario solicitó participar de forma virtual pocas horas antes de la diligencia, lo que consideraron un acto de indiferencia hacia el proceso judicial.
De acuerdo con el Instituto para las Mujeres en la Migración, la Clínica Jurídica Alaíde Foppa para Personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana y la Fundación para la Justicia y Derechos Humanos Integrales en Acción, la audiencia tenía como objetivo evaluar si Garduño cumplió las condiciones para obtener la suspensión condicional de su proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
Francisco Garduño falta a audiencia y genera críticas
Las organizaciones denunciaron que esta suspensión podría eximir al excomisionado de responsabilidad penal por el incendio, que calificaron como una tragedia evitable. Además, una representante familiar de un ciudadano guatemalteco fallecido revocó la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), argumentando falta de acompañamiento real y protección de derechos.
Los colectivos que representan a 10 sobrevivientes y 10 familias de víctimas señalaron que la ausencia de Garduño no fue un simple contratiempo, sino una muestra de desprecio hacia el proceso judicial y las víctimas. También acusaron que en México la justicia es selectiva, pues ninguna otra persona imputada ha recibido el trato privilegiado que se le otorga al excomisionado.
Impacto y seguimiento del caso en México
Las organizaciones afirmaron que continuarán apoyando a las víctimas en la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral del daño. Reiteraron que la impunidad no debe prevalecer en este caso, que ha afectado a migrantes y sus familias de varios países.
El caso sigue abierto y la audiencia pendiente de reprogramación, mientras las víctimas y sus representantes exigen que se garantice un proceso judicial justo y sin privilegios para los responsables.
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