nternacional, 16 de junio de 2026. — La Procuraduría General de la República de Brasil solicitó la condena del exdiputado Eduardo Bolsonaro por el delito de coacción. La acusación señala que el político presionó al Gobierno de Estados Unidos para imponer sanciones contra jueces brasileños.
El subprocurador general Antônio Edílio Magalhães Teixeira presentó una serie de declaraciones y evidencias durante el juicio en la Primera Sala del Tribunal Supremo. Según el funcionario, estas pruebas demuestran la existencia de coacción por parte del acusado.
Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se trasladó a Estados Unidos en febrero de 2025. Su objetivo consistía en estrechar vínculos con la administración de Donald Trump. El mandatario estadounidense impuso sanciones a los magistrados brasileños que juzgaron a Jair Bolsonaro. Trump calificó esos procesos como una “caza de brujas”.
El Gobierno de Estados Unidos también justificó varios aranceles aplicados a Brasil basándose en los juicios contra el expresidente sudamericano. Eduardo Bolsonaro no asiste al juicio actual. Por esta razón, un abogado de oficio de la Defensoría Pública representa sus intereses legales.
La Primera Sala del Tribunal Supremo adoptará la decisión final por mayoría de votos. Si los magistrados confirman la culpabilidad, Eduardo Bolsonaro podría enfrentar una pena de entre uno y cuatro años de prisión. El castigo incluiría la inhabilitación política automática.
Contexto político y judicial en Brasil
Este proceso se enmarca en un ambiente de alta tensión política en Brasil. Las autoridades judiciales investigan a miembros de la familia Bolsonaro por diversas causas penales. Eduardo Bolsonaro, además de su condición de exdiputado, es hermano del candidato presidencial Flávio Bolsonaro. Este parentesco añade un fuerte componente electoral al caso.
Implicaciones internacionales
La solicitud de condena contra Eduardo Bolsonaro refleja la compleja relación política y judicial entre Brasil y Estados Unidos. La intervención en los procesos internos brasileños mediante el uso de sanciones internacionales genera un intenso debate sobre la soberanía nacional y la justicia.
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