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Internacional, 2 de junio de 2026.- El estado de Nueva Jersey presentó una demanda contra The GEO Group, la empresa privada que opera el centro de detención de inmigrantes Delaney Hall en Newark, para exigir acceso a las instalaciones y permitir inspecciones del departamento estatal de salud. La acción legal responde a denuncias sobre condiciones y trato inhumanos dentro del centro.
El alcalde de Newark, Ras Baraka, declaró en conferencia de prensa que, aunque la empresa se escuda en un contrato federal, el centro está sujeto a las leyes estatales y municipales, por lo que debe permitir el acceso a las autoridades locales y estatales para verificar las condiciones.
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Delaney Hall tiene capacidad para mil personas y es operado por The GEO Group, contratista privado que administra varias instalaciones para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. Durante el fin de semana del Día de los Caídos, internos iniciaron una huelga de hambre y una protesta laboral para denunciar las condiciones dentro del centro, lo que derivó en enfrentamientos y manifestaciones afuera de la instalación.
Estas protestas han atraído atención nacional y generado controversia. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional negó que existiera una huelga de hambre y rechazó las acusaciones de trato inhumano en el centro.
La ciudad de Newark advirtió que podría ampliar la demanda si no se permite la inspección de las autoridades municipales. La disputa legal plantea un debate sobre la regulación y supervisión de centros de detención privados que operan bajo contratos federales.
Reclamos y respuesta oficial
Las quejas sobre las condiciones en Delaney Hall no son nuevas, pero la reciente protesta ha puesto el foco en la necesidad de mayor transparencia y control. El alcalde Baraka enfatizó que las leyes estatales y locales deben prevalecer sobre los contratos federales en materia de inspección y derechos de los detenidos.
Impacto en la comunidad y próximos pasos
Las protestas y la demanda legal reflejan la tensión entre autoridades, operadores privados y derechos humanos en el contexto migratorio estadounidense. La situación sigue en desarrollo y se espera que el tribunal tome una decisión sobre el acceso solicitado por el estado de Nueva Jersey.
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