Ciudad de México, 29 de mayo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales reportaron una acumulación de 4 millones 780 mil 581 carpetas de investigación durante 2024, según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal procesado por la asociación civil Causa en Común.
Este volumen incluye 2 millones 139 mil 228 expedientes pendientes de años anteriores y los iniciados en el mismo 2024. La organización destacó que la falta de personal y las condiciones laborales precarias dificultan la resolución de estos casos, lo que genera una carga excesiva para los agentes del Ministerio Público.
En promedio, cada agente debe atender 258 carpetas simultáneamente, aunque en estados como Jalisco esta cifra alcanza 896 expedientes por agente, debido a la limitada cantidad de personal disponible. En Aguascalientes y Baja California, los agentes también enfrentan cargas superiores a 500 carpetas cada uno.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024 se emitieron un millón 857 mil 288 determinaciones ministeriales sobre estas carpetas, pero sólo el 15% derivó en ejercicio de acción penal. El 38% de los casos fue archivado temporalmente y otro 5% se resolvió mediante acuerdos reparatorios.
La asociación civil señaló que el sistema de procuración de justicia en México presenta deficiencias que fomentan la impunidad y la desconfianza ciudadana. Además, seis estados carecen de fiscalías autónomas legalmente definidas, y la información sobre el personal es fragmentaria y poco confiable.
Condiciones laborales y recursos insuficientes
Entre 2019 y 2024, el número total de elementos adscritos a las fiscalías disminuyó de 116 mil 54 a 110 mil 843, aunque la policía de investigación creció un 87%. Sin embargo, sólo 18 fiscalías cuentan con reglamentos para el servicio profesional de carrera, y cinco realizaron convocatorias para promoción de grado en 2024.
Beneficios y salarios variables en fiscalías
No existe un salario mínimo estándar para el personal sustantivo, y cada fiscalía fija sus tabuladores según su presupuesto. Sólo el 30% del personal tiene seguro de vida y menos del 10% cuenta con beneficios como seguro médico, becas escolares o apoyos familiares, lo que refleja condiciones laborales limitadas.
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